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De cómo el coste del CO2 se transforma en beneficios

El 55% del total del CO2 emitido en España depende de sectores difusos, (transporte, sector residencial, ciudadanos,..) mientras que el otro 45% procede de unas 1.000 instalaciones: energéticas, cementeras, siderurgias, refinerías,.. Es evidente que es más fácil legislar y cambiar las actuaciones de esas mil empresas que sobre los otros 45 millones de personas.

Bien, este 45% esta legislado por los Planes Nacionales de Asignaciones que corresponden a los periodos 2005-2007 y 2008-2012. Estos planes se hicieron con generosidad, de tal forma que se dieron derechos de emisión gratuitos de una forma magnánima. En Japón, EEUU y otros países hubo grandísimas polémicas sobre este aspecto. Aquí no hubo mayor problema. En algunos sectores, como en el refinero, en el periodo 2008-2012 no solo no se obligaba a una reducción de emisiones sino que se permitía un incremento del 4%. La CEOE mantenía en ese momento que: "El objetivo principal debe ser realizar una asignación suficiente y gratuita de derechos a las instalaciones afectadas". Las energéticas y la industria lloraban por la asignación de CO2, incluso apoyados con serios informes de PwC, que anunciaban la gran catástrofe económica, que traerían consigo los permisos de carbono, vaticinaban un cementerio para la economía española. Tanto se deseó que se cumplió.

Este reparto, además, en ningún caso planificó que podía haber una crisis. Si una empresa reduce la producción, ¿No es lógico, como propuso Alemania, que pierda derechos? ¿No seria adecuado exigir algo similar cuando la reducción de emisiones no esta vinculada a inversiones en mejora de la competitividad?

Un análisis del año 2009 permite hacer una valoración aproximada del coste de oportunidad del carbono. Se observa el enorme error de cálculo en la planificación y los beneficios que el cambio climático ha supuesto a estas empresas. Por ejemplo, Arcelor ha emitido el 50% de lo que tenia asignado, y le han sobrado cerca de 5 millones de derechos de emisión. En el sector cemento, Cemex con 7,5 millones asignados ha emitido 3,7; Portland Valderribas con 4,3 asignadas ha emitido 2,6; Lafarge con unos 3 millones asignados ha emitido 1,8; Holcim, con 3,3 ha emitido 1,8. En el sector refinero, Repsol tenía asignado 10,5 millones y ha emitido 8,7 es decir le ha sobrado un 1,8 millones de toneladas, Cepsa tenia asignados 3,7 ha emitido 3 y le han sobrado 0,7, etc. Estos derechos que han sobrado se pueden vender en el mercado de carbono.

Por otra parte, si a la industria le toca más a las energéticas les tocó menos. ¿Esta haciendo un mayor esfuerzo? De las compañías eléctricas a Unión Fenosa le sobraron 1,8 millones de derechos, a Iberdrola 0,8 a Endesa 0.4 millones de derechos. A las de cogeneración les faltaron derechos. Son compradores netos, frente los vendedores netos. En su lógica aparece un nuevo coste variable vinculado al coste del clima que se integra en los costes de generación. Nada que objetar. Sólo que este detalle pasó por alto para la industria. Reclamar una asignación suficiente de emisiones les evita reducir emisiones, esto es, mejorar su eficiencia energética y competitividad. Pero olvida que ellos como consumidores debían de pagar el coste del CO2 en la tarifa eléctrica.

La industria acaba pagando el plato de las energéticas. A mayor asignación a la industria menor a las energéticas, en cuya factura, por la puerta de atrás, se encuentran los costes de oportunidad del CO2, retribuyendo el coste del carbono a tecnologías sin el coste del CO2. Lo que deseaban ganar con la mano derecha lo pierden con creces por la mano izquierda.

Es evidente que el mercado de CO2 es un mercado financiero y como tal especulativo, este hecho que ha favorecido a las industrias si suben los precios del carbono, puede ser letal para muchos sectores poco potentes financieramente.

¿Qué podemos aprender? ¿Cómo orientar las políticas públicas para que estas señales de eficiencia y reducción de emisiones se amplíen? En primer lugar es evidente que el regalo de los derechos de emisión no ha funcionado para enviar las oportunas señales para una economía baja en carbono. Todo un desafío para que el diseño de las políticas públicas incorporen el comportamiento psicológico del consumidor. Obama ha tomado nota nombrando para un alto cargo a Cass Sunstein autor del "Pequeño empujón". La revisión de la directiva va hacia un modelo de subasta.

Alemania presenta unos resultados de reducción de emisiones de un -28%, que supone alcanzar un -46% para el 2020. Significa una recuperación económica de la mano de este ambicioso objetivo. Las metas de 2020 no son el freno, sino la senda de recuperación económica, aún estamos a tiempo de tomar la ruta alternativa. Esto requiere no sólo de políticas ambiciosas, sino un no "pequeño empujón" que cambie de rumbo. Abandonar falsas ideas que la economía actúa de modo racional, el crecimiento es su fin. Ideas tales como que las ganancias debidas a las generosas asignaciones por parte de las administraciones públicas deben reinvertirse en inversiones bajas en carbono, en aumentar las renovables, o I+D o que debe volver a gravarse la energía producida por las centrales nucleares, como acaba de hacer Alemania, harían avanzar el país en una dirección más sostenible. Toda una apuesta para transitar hacia un modelo que todo indica como el fin de la era nuclear y los combustibles fósiles.

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