La UE aguarda a la reforma laboral para aprobar el plan de ajuste español

Los ministros de Economía de la zona euro y de la UE se reunirán hoy y mañana en Luxemburgo para analizar de nuevo las medidas de ajuste presentadas por España y Portugal, que persiguen lograr una reducción del déficit público más rápida. Los ministros no adoptarán ninguna decisión definitiva, que se posterga a julio. También se ha aplazado el informe de la Comisión Europea sobre el plan de ajuste al próximo 15 de junio, un día antes de la fecha fijada por el Gobierno para aprobar la reforma laboral. Los cambios en la regulación del mercado de trabajo y la conclusión del proceso de integración de las cajas serán determinantes en el visto bueno de la UE, que no sólo exige un tijeretazo al gasto público, sino también reformas estructurales .

El Ecofin estudiará el saneamiento aún pendiente de la banca europea

El consejo debate dar poder a Eurostat para controlar las cuentas públicas

Tanto en la reunión del Eurogrupo de hoy como en el Ecofín de mañana, el comisario de Asuntos Económicos, Olli Rehn, se limitará a hacer comentarios verbales, sin presentar ningún documento escrito sobre los planes español y portugués, según fuentes comunitarias. En el Eurogrupo, presidido por Jean Claude Juncker, y el Consejo de Economía, presidido por la vicepresidenta española, Elena Salgado, es probable que intervengan otros ministros. A finales de 2009, 22 países superaban el límite del 3% de déficit público.

España ya pasó favorablemente su primer examen de las medidas adicionales exigidas por Bruselas en la reunión del Eurogrupo del pasado 18 de mayo. El plan español supondrá una reducción del gasto público de 15.000 millones de euros entre 2010 y 2011, equivalentes al 0,5% y 1% del PIB, de estos años respectivamente. El compromiso es rebajar el déficit público desde el 11,2% del PIB en 2009 hasta el 6% en 2011, para situarlo en el 3%, que establece el pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2013.

De las medidas previstas, siete son de carácter fiscal (lo que incluye recortes de salarios públicos y congelación de determinadas pensiones) y dos de carácter estructural (reforma del sector financiero y reforma del mercado de trabajo). El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero intentará esta semana un acuerdo con sindicatos y patronal sobre la reforma laboral, pero en cualquier caso se ha comprometido a aprobar el paquete el próximo 16 de junio, el día antes del Consejo Europeo.

La valoración definitiva de las medidas de ajuste, que se realiza en el marco de los procedimientos de déficit excesivo, se adoptará en el Eurogrupo y el Ecofin de los próximos 12 y 13 de julio. Hasta ahora, todos los comentarios de Bruselas respecto a los esfuerzos a los que se ha comprometido España han sido manifiestamente positivos.

Pero los comentarios positivos no significan ausencia de presión. Bruselas quiere asegurarse que las reformas estructurales llegan de inmediato: quiere un acuerdo laboral rápido y una reestructuración acelerada de las cajas de ahorros. Y pondrá el acento en los Presupuestos de 2011: reclama a Salgado unas cuentas públicas para el próximo año en la línea de austeridad del plan de recortes, y pide al Gobierno que se asegure de tener los apoyos suficientes en el Congreso para evitar una votación in extremis como la que sirvió para aprobar el tijeretazo del gasto, que se salvó por un solo voto.

El Gobierno acaba de aprobar el techo de gasto para 2011, un 7,7% menor que el presupuesto inicial de 2010. Los recortes en algunos ministerios van a llegar hasta el 15%. Con esas bazas se plantará hoy la vicepresidenta Elena Salgado en la reunión. Pero también con las dudas que deja una prima de riesgo en máximos de los últimos 15 años, tras una semana con los incendios en los mercados de deuda soberana fuera de control.

Más allá de los planes de ajuste de España y Portugal, la atención de la reunión del Eurogrupo se concentrará sobre todo en la preocupante situación de la banca europea, pendiente todavía de cubrir el agujero de capital creado por los activos que la crisis financiera dejó sin valor.

Según el Banco Central Europeo, las entidades europeas deben sanear 195.000 millones de euros hasta finales de 2011, un lastre que limita la concesión de créditos a empresas y familias.

A las dificultades heredadas de la crisis financiera se suman las dudas sobre la capacidad de pago de algunos países. Un estudio del Royal Bank of Scotland indica que la banca internacional ha prestado a los sectores públicos y privados de España, Grecia y Portugal 2,2 billones de euros, de los que la mayor parte, 1,5 billones son adeudados por España. La exposición de la banca europea es de 700.000 millones de euros.

Los ministros tratarán también de alcanzar un acuerdo sobre los aspectos técnicos de la sociedad que gestionaría préstamos por hasta 440.000 millones de euros, la mayor partida del plan de rescate de 750.000 millones para países en dificultades, aprobado el 9 de mayo. Existen dos fórmulas de funcionamiento de la sociedad (con sede en Luxemburgo y de la que serían accionistas los Estados del euro), una mediante eurobonos y otra mediante avales. Mediante la primera, captaría dinero en el mercado con una emisión de eurobonos, y prestaría los fondos al país con dificultades. En la segunda, sería el Estado interesado el que efectuaría directamente la emisión de deuda que sería avalada por la sociedad.

El Consejo abordará también la propuesta de reforzar las competencias de Eurostat, para que tenga más instrumentos para examinar todas las administraciones públicas, incluida la seguridad social y evitar falsificaciones como en el caso de Grecia.