Termina sin avances otra reunión sobre la reforma laboral entre Trabajo y agentes sociales

La primera de las dos últimas reuniones sobre la reforma del mercado laboral entre Gobierno, patronal y sindicatos ha concluido sin acuerdo, salvo el de celebrar un nuevo encuentro el próximo 9 de junio, justo el día siguiente a la huelga de funcionarios convocada por los sindicatos.

La reunión de hoy se ha celebrado después de que el presidente de Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero hubiera puesto la fecha tope de 16 de junio para aprobar la reforma laboral "se produzca acuerdo o no". En el encuentro de hoy se han visto de nuevo las caras el ministro de Trabajo, Celestino Corbacho, los secretarios generales de UGT, Cándido Méndez, y CC OO, Ignacio Fernández Toxo, el presidente de CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, y el vicepresidente, Santiago Herrero.

El encuentro ha comenzado pasadas las siete de la tarde y ha terminado menos de tres horas después. Era un nuevo intento para desatascar una situación que se encuentra encallada desde hace semanas, y que ha hecho cundir el pesimismo entre todas las partes. Quedaron para verse dentro de una semana.

Hasta ahora, los agentes sociales se han quejado de que en los últimos compases de la negociación, el Gobierno se ha limitado a jugar el papel de oyente en la mesa de diálogo social. Ayer no entregaron ninguna propuesta por escrito al resto de interlocutores. No obstante, algunas líneas básicas de lo que quiere el Ejecutivo empiezan a perfilarse tras las últimas reuniones.

El primero es la generalización del contrato con una indemnización por despido de 33 días. Esta opción pasa por abrir su uso a los hombres de entre 30 y 45 años y a las conversiones de contratos de temporales a fijos. Eso supondría un abaratamiento de hecho del despido, por lo que despierta el rechazo frontal de los sindicatos; por el contrario, goza de la buena acogida de la patronal.

Más dudas hay acerca de si el Gobierno se mostrará receptivo con la demanda de los empresarios de redefinir las causas del despido. Ante el hecho de que la mayoría de despidos (el 80%) se tramitan por la vía improcedente, CEOE reclama una definición que invierta la situación y facilite el camino de la rescisión procedente de los contratos. También esto acaba por afectar al coste del despido, pues mientras el trámite improcedente supone una indemnización de 45 días o 33 por año trabajado; la otra implica una compensación de 20 días por año.

Otra de las dudas en torno al decreto que planea el Gobierno es cómo se articulará la adaptación del llamado modelo austriaco, un sistema de despido por el que los trabajadores tienen una cuenta que se engrosa con cotizaciones empresariales y que perciben en caso de ser despedidos o recuperan al final de su vida laboral. Los sindicatos reclaman que esta opción solo funcione en caso de despido procedente, pero el Ejecutivo todavía deshoja la margarita sobre si hay que aplicarlo también a los despidos irregulares.

Poco antes de la reunión a tres bandas, Díaz Ferrán citó a sus vicepresidentes para abordar las posiciones que iba a defender en el encuentro posterior. Los responsables de la patronal acordaron no poner como condición imprescindible para el acuerdo la rebaja de cotizaciones a la Seguridad Social, informa Efe. Esto, en principio, supone eliminar de la mesa uno de los obstáculos insalvables para el pacto, pues los sindicatos lo rechazan de plano. No obstante, en el encuentro se abogó por una reforma "global y profunda", dos palabras que en la jerga empresarial vienen a decir que toque aspectos que los sindicatos consideran casus belli y por tanto hacen difícil el pacto.