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La primera crisis del euro

Grecia se paraliza con la quinta huelga general en lo que va de año

La protesta contra los recortes bloquea el transporte y deja los hospitales en servicios mínimos

La huelga general de 24 horas convocada hoy en Grecia por los sindicatos mayoritarios contra las medidas de austeridad adoptadas por el Gobierno para superar su grave crisis de deuda ha vuelto a dejar al país sin servicios de barcos, trenes o transporte público y con miles de personas manifestándose por la calle. También los hospitales solo han atendido las urgencias. La huelga, la quinta general en este año y con el trágico recuerdo de las tres personas que murieron en los incidentes del pasado día 5, ha sido organizada por el sindicato de funcionarios estatales Adedy y por la Confederación de Trabajadores Gsee, que aglutinan dos millones de afiliados.

Los servicios de trenes de cercanías y de tranvía solo han funcionado las horas centrales del día para facilitar el acceso de los manifestantes al centro de Atenas, donde varios millares de personas han repetido las marchas contra el Parlamento de las anteriores jornadas. Aunque se han vuelto a registrar altercados entre los trabajadores y los agentes antidisturbios, no ha habido que lamentar ningún incidente de gravedad.

La policía se ha movilizado para evitar incidentes tras el saldo trágico de tres muertos de la anterior jornada de paro

Los manifestantes, que según fuentes policiales alcanzaban las 15.000 personas y según los sindicatos superaban las 50.000, han alzado pancartas con lemas como "quitad las manos de nuestras pensiones" o "no hemos robado, así que no pagaremos". Otros eslóganes, como "Los buitres del FMI, que se vayan", aluden a la presencia en suelo griego de expertos del Fondo Monetario Internacional (FMI) y de la Comunidad Europea para supervisar la economía y la aplicación del plan de ajuste fiscal para reducir el déficit del país.

Los empleados públicos, que superan el medio millón, están entre los sectores más afectados por los recortes de gastos que el Gobierno socialista ha impuesto para ahorrar unos 30.000 millones de euros en tres años a cambio de recibir la ayuda de la UE y el FMI para afrontar sin problemas los vencimientos de su deuda. Los sindicatos rechazan "las medidas extremas (de ahorro) en el sistema de seguridad social, que afecta a los trabajadores y jubilados y, en especial, a la nueva generación". Además, denuncian el alto índice de desempleo, que alcanzó el 12% en febrero.

Los controladores aéreos no han participado en esta huelga, por lo que la mayoría de los vuelos se han llevado a cabo en forma regular, a excepción de 50 destinos al interior del país y a las islas por la participación en las protestas de los funcionarios de aduanas. Por su parte, gran parte de los abogados, los docentes, los empleados bancarios, los funcionarios de Hacienda, de los ministerios, de los ayuntamientos y de los juzgados tampoco han trabajado, según fuentes sindicales.