Los sindicatos llevan a la Justicia el recorte de sueldos de los funcionarios
El Gobierno aprobará mañana mediante un Decreto Ley la reducción en un 5% de los salarios a los trabajadores públicos
Los sindicatos de la Función Pública, UGT, CC OO y CSI-CSIF, recurrirán ante la Justicia el recorte salarial a los empleados públicos que contempla el Decreto Ley que prevé aprobar el Gobierno, según han confirmado a EFE UGT y Comisiones.
Según los dirigentes de los Servicios Públicos y para la Ciudadanía de UGT, Julio Lacuerda, y de CC OO, Enrique Fossoul, la medida se puede impugnar porque vulnera el Acuerdo de Negociación Colectiva de la Función Pública 2010-2012, así como el capitulo 1 de los Presupuestos Generales del Estado que define el sector público y su régimen laboral. Según Lacuerda, UGT ha comprobado con varios juristas que "hay razones sustanciosas" para recurrir esta medida.
Por su parte, Fossoul ha afirmado que de mantenerse el criterio de que el recorte salarial "no sea universal" y no afecte a los empleados de empresas públicas que se rijan por convenios colectivos, la medida "puede recurrirse perfectamente". En este sentido Lacuerda ha puntualizado que estaría vulnerando el capítulo primero de los Presupuestos Generales del Estado que definen el sector público y donde están incluidas las retribuciones directas tanto de funcioarios como de personal laboral de la administración central, de las autonóicas y locales.
Por este motivo, ha afirmado que la impugnación es "segura", ante la desconfianza de que el Ejecutivo "rectifique" mañana el Real Decreto que aprobará el Consejo de Ministros con el fin de acelerar la reducción del déficit público. En este sentido se ha preguntado sobre qué base legal basará el Gobierno que el recorte afecte sólo a los empleados públicos que no estén sometidos a convenios colectivos y criticó que la medida no tenga elementos de equidad, como planteó el presidente del Gobierno.
No obstante, Enrique Fossoul ha señalado que es una "bestialidad" vulnerar el derecho de negociación colectiva, que es uno de los derechos fundamentales, y ha advertido de que de ser así el recurso judicial podría ir por una vía más urgente que la contencioso administrativa. Además, se ha quejado de que a día de hoy el Gobierno no haya enviado a los sindicatos de la Función Pública "al menos un borrador del decreto-ley" y deban acudir mañana a la Mesa General de la Función Pública sin conocer los detalles del recorte.
