La Junta de Iberdrola echa al consejero de ACS

La junta de accionistas de Iberdrola ha cumplido el guión previsto: ha dejado a Florentino Pérez un papel de protagonista de reparto para, inmediatamente después, relegarlo al tumulto de los figurantes. En concreto, el órgano representativo de la eléctrica ha aprobado hoy la designación del representante del presidente de ACS, José María Loizaga, como miembro del consejo de administración en ejercicio de su derecho para ocupar la vacante de Juan Luis Arregui, que ha presentado su dimisión minutos antes del inicio del encuentro para restar argumentos a la constructora sobre un eventual conflicto de intereses. No obstante, la alegría ha durado poco, ya que a continuación han votado a favor de su cese.

Además, tras esa expulsión, se ha aprobado también, a propuesta del consejo de administración, reducir de 15 a 14 el número de integrantes del mismo. En la junta, se ha informado de que el consejo de administración, reunido hoy, había acordado plantear el cese de Loizaga al considerar que existe un conflicto estructural y de competencia directa y permanente entre ACS e Iberdrola. Además, propuso, de materializarse ese cese, como así ha sido, reducir de 15 a 14 el número de integrantes del consejo de administración de la eléctrica, por lo que, al haberse aprobado esta propuesta, ya no quedarían vacantes en el consejo.

ACS, que poco antes nombró al integrante de la comisión ejecutiva de la constructora, José María Loizaga, como miembro del consejo de adminitración de la eléctrica, ha anunciado que impugnará la decisión de la junta en el Juzgado de lo mercantil. Sin embargo, el presidente Sánchez Galán considera que ACS no puede estar porque es un competidor directo en el sector energético.

Derecho de proporcionalidad

Con esta decisión, la constructora presidida por Florentino Pérez, con una participación del 12,7% en Iberdrola, ejerció el derecho de proporcionalidad, por el que todo accionista puede contar con un representante en el consejo en la misma proporción que resulte de dividir 100 entre el número máximo de consejeros fijado por los estatutos, en este caso 15.

Por lo tanto, Residencial Monte Caramelo, participada al 100% por ACS, designó a Loizaga como miembro del consejo. Inmediatamente, algunos de los accionistas de Iberdrola tomaron la palabra para solicitar que se votara la revocación ese nombramiento y, por lo tanto, fuera cesado.

El secretario del consejo de administración de ACS, José Luis del Valle, también se subió a la tribuna para pedir a los accionistas que votaran en contra del cese de Loizaga porque, a su juicio, no está justificado, ya que no existe un conflicto estructural de intereses entre ambas compañías, sino que se trata de una "excusa" para evitar que la constructora esté presente en el consejo de administración.

No obstante, su petición no tuvo eco entre la mayoría de los accionistas, que decidieron respaldar la posición de Sánchez Galán y cesar al representante de ACS como miembro del consejo de Administración de Iberdrola. Además, tras la dimisión del presidente de Ence, Juan Luis Arregui, y el cese de Loizaga, se aprobó que el consejo esté integrado únicamente por 14 representantes.

Galán pide al Gobierno "pautas claras"

Motivada por la prima por asistencia, la Junta ha arrancado con un quórum histórico del 80%. Durante la reunión, el presidente de Iberdrola, Ignacio Sánchez Galán, ha pedido al Gobierno que marque "pautas claras" para que el sector privado recupere la confianza. Sánchez Galán ha advertido de que para crear empleo es necesario llevar a cabo reformas estructurales encaminadas a un cambio de modelo económico.

Según el presidente de la eléctrica, tras la crisis "no va a resultar una tarea fácil" relanzar la actividad económica, y ha avisado de que la capacidad de los gobiernos para sostener la demanda agregada con gasto público "ha llegado o está llegando a su límite, al irse acumulando niveles de deuda pública que pueden ser insostenibles".

Sánchez Galán ha abogado por poner freno a "la especulación" para volver "a la economía real", por potenciar el capital humano "con más y mejor formación a todos los niveles educativos" y por mejorar la flexibilidad del mercado de trabajo para adaptarse al nuevo entorno.