El Gobierno impone a las autonomías un plan para reducir el déficit que afectará al gasto social

El Gobierno ha anunciado a última hora de la tarde un acuerdo con las comunidades autónomas en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera para reducir el déficit público del 11,2% de 2009 (dos décimas menos de los estimado en principio por el Ejecutivo) al 3% en 2013. De la cifra del año pasado, el 9,49% corresponde al Estado. En este sentido, Galicia se ha quejado de que, en su opinión, la ministra de Economía, Elena Salgado, haya cargado sobre las autonomías la culpa de estos números rojos. Las autonomías admiten que el recorte tendrá que afectar al gasto social (educación, sanidad, servicios sociales y dependencia).

El acuerdo marco para la sostenibilidad de las finanzas públicas para el periodo 2010-2013 fue remitido a las autonomías el pasado 3 de febrero por Salgado. Hoy ha sido aprobado con el voto a favor de diez consejeros y la abstención de ocho (todos del Partido Popular). El consejero de Canarias no ha asistido a la reunión.

Según ha dicho Salgado, todas las regiones han querido que constara en acta que "les parecía muy bien el acuerdo marco, las medidas y la senda de reducción del déficit". Ha destacado el "acuerdo total del PP con este programa de austeridad", y por tanto "una cierta incoherencia entre las opiniones favorables [expresadas por los representantes populares] y la votación de después". "Pero no es la primera vez, y no me ha extrañado", ha apostillado.

Los consejeros del PP han almorzado en la sede de la formación en Madrid con el responsable del área económica, Cristóbal Montoro, para acordar, como hacen habitualmente, una posición común. Los consejeros del PP han explicado su postura en la reunión. Coinciden con "la filosofía de austeridad" del plan, pero se han abstenido al considerarlo "solamente propaganda y humo", en palabras del madrileño, Antonio Beteta. Según ha dicho, las regiones populares han "exhortado" al Gobierno a asumir su responsabilidad con "propuestas serias y valientes". La consejera de Hacienda de Castilla y León, Pilar del Olmo, ha criticado que se posponga durante dos meses la adopción de medidas concretas, mientras el valenciano, Gerardo Camps, ha tachado los planes de Salgado de "inconcretos, vagos e imprecisos".

A favor han votado Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Cataluña, País Vasco, Aragón, Baleares, Cantabria (que gobierna el Partido Regionalista de Mariano Revilla con el apoyo del PSOE), Asturias y Ceuta (que gobierna el PP, pero ya se ha desmarcado en ocasiones anteriores). Se han abstenido Galicia, Comunidad Valenciana, La Rioja, Navarra, Castilla y León, Madrid y Murcia.

Además, las comunidades se han comprometido a elaborar antes del 10 de junio un plan de racionalización y eficiencias del gasto, para lo que se ha creado un grupo de trabajo. El PP se ha mostrado en contra porque, en su opinión, el Estado ha de hacer una propuesta detallada de lo que deben hacer las comunidades autónomas para lograr su objetivos, todo esto según ha Salgado en la rueda de prensa posterior a la reunión.

Recorte adicional

El acuerdo de reequilibrio financiero cerrado hoy permitirá recortar 1.975 millones de gasto autonómico adicionales mediante la no ejecución de partidas presupuestarias aprobadas ya para este año. Esa cifra atañe únicamente a las dos Castillas, La Rioja, Murcia, Asturias, Cantabria, Galicia, Extremadura, Aragón, Navarra y País Vasco (aunque en el caso de estas dos últimas regiones, deberá ser refrendado en el seno de otras comisiones en los próximos días). Todas han tenido que apretarse el cinturón excepto Navarra, cuyo presupuesto "ya era austero", según Salgado.

Baleares, Canarias, Valencia, Cataluña y Andalucía no han presentado su plan todavía. "Seguimos trabajando" en ello, ha dicho Salgado, que espera poder aprobar los recortes que faltan "inmediatamente después de Semana Santa". Ceuta y Melilla no debían presentar ningún proyecto.

Salgado ha explicado, a preguntas de los periodistas, el caso de Castilla y León ("y en menor medida, Galicia"), que en su opinión no ha entendido cómo funciona el sistema y ha presentado unas predicciones "que no se corresponden con la realidad".

Además, "Cataluña ha solicitado que se usen de forma coherente los instrumentos del Estado para el recorte de gasto en las autonomías". Para explicar a qué se refiere la adenda introducida a petición de la Generalitat, Salgado ha hecho referencia a los acuerdos a los que ella debe llegar con los sindicatos sobre el aumento de retribuciones de los funcionarios, que luego también afectará a las comunidades. "No es un cambio normativo sobre leyes vigentes", ha explicado, y en ningún caso afectará al salario de los trabajadores públicos, según ella, pues sus cambios se fijan año a año en los Presupuestos.