El Ecofin aprueba una norma para facilitar la recuperación de deudas fiscales de no residentes

La presidencia española de la UE ha logrado este martes un modesto pero significativo acuerdo político en materia de cooperación contra el fraude y la evasión fiscal, que permitirá mejorar la cooperación entre los Estados miembros para recuperar deudas fiscales de no residentes, al tiempo que ha confirmado que promoverá un debate sobre la contribución de las instituciones financieras por la crisis. No obstante, Luxemburgo y Austria han mantenido su veto a otras tres medidas para combatir el fraude y la evasión fiscal (directiva sobre la fiscalidad del ahorro, directiva de cooperación administrativa en la lucha antifraude y acuerdos antifraude con Liechtenstein, Andorra, Mónaco, San Marino y Suiza) para proteger su secreto bancario.

En la primera reunión presidida por la ministra española Elena Salgado, el Consejo de Economía y Finanzas de la UE (Ecofin) ha llegado en Bruselas a un principio de acuerdo sobre una nueva directiva (ley-marco europea) que mejorará el intercambio de información entre los estados para recuperar las deudas fiscales. El texto es una parte menor del paquete sobre gobernanza fiscal que los Veintisiete tratan de cerrar desde hace meses, pero su aprobación, pendiente todavía del voto del Parlamento Europeo, confirma la voluntad de los gobiernos de avanzar en esta área donde rige la unanimidad. El comisario europeo de Fiscalidad, Laszlo Kovacs, que se despedía de los ministros, ha valorado el resultado como un acuerdo estimulante después de meses de bloqueo. La directiva sobre recuperación de deudas fiscales forma parte de un paquete legislativo sobre buen gobierno en el ámbito fiscal, que incluye la revisión de la directiva sobre imposición de los intereses del ahorro de los no residentes, otra sobre cooperación administrativa, así como la negociación de acuerdos de lucha contra el fraude con Andorra, Liechtentein, Mónaco, San Marino y Suiza.

La estrategia global a medio plazo

Estos elementos se encuentran bloqueados por la resistencia de Luxemburgo y Austria a renunciar al secreto bancario. Salgado ha asegurado al Consejo que la presidencia española seguirá con consultas bilaterales, para tratar de avanzar en el resto del paquete. La ministra ha presentado a sus colegas del Ecofin su programa para el semestre, que persigue avances tanto en el ámbito de la fiscalidad como en el de la coordinación de las políticas económicas, y que ha sido calificado de "muy ambicioso" por los representantes de la Comisión Europea y algunos ministros.

Durante este semestre, los Veintisiete no sólo tienen que ponerse de acuerdo sobre la retirada de las ayudas públicas que han contribuido a vencer la recesión y salvar el sistema financiero del colapso, sino que también han de definir la estrategia global a medio plazo para reactivar el crecimiento europeo. La representante española confía en que durante el semestre se pueda aprobar igualmente el nuevo marco de supervisión financiera y fomentar el papel de la Unión Europea en los foros económicos internacionales, como el pujante G-20. Tanto el comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, el español Joaquín Almunia, como el de Fiscalidad, el húngaro Kovacs, que han acompañado a la ministra en la rueda de prensa final del Consejo Ecofin, han calificado de "muy ambicioso" el programa. Almunia, en particular, ha hecho hincapié en la importancia del reforzamiento de la coordinación de políticas económicas.

"Aunque a veces las llamadas a la coordinación se han entendido como retóricas o se han malinterpretado como intenciones perversas para poner en cuestión la independencia del Banco Central Europeo, en una situación como la que estamos viviendo es de crucial importancia profundizar en este debate", ha asegurado el comisario. Durante el debate público en torno al programa español, el titular sueco, Anders Borg, ha planteado la cuestión de la responsabilidad de los bancos en la grave crisis financiera del año pasado. Borg había enviado previamente a todos los ministros una carta en la que apoya la iniciativa del presidente de Estados Unidos, Barack Obama, de crear un impuesto temporal de responsabilidad por la crisis que sería abonado por todas las instituciones financieras de cierto tamaño que han recibido ayudas públicas para sobrevivir.

En el mensaje, el Gobierno sueco pone como ejemplo su propio modelo de "tasa de estabilidad", introducido en 2009, y plantea a la presidencia semestral española que algo parecido se estudie a nivel comunitario. Preguntada en rueda de prensa por la propuesta sueca, Salgado se ha mostrado dispuesta a organizar un debate en la Unión Europea sobre las diferentes propuestas surgidas para hacer pagar a los bancos una parte de los costes de la crisis. Estas iniciativas podrán ser abordadas durante la reunión informal que celebrarán los ministros de Finanzas de la UE en Madrid en el mes de abril, según la vicepresidenta segunda del Gobierno español.