La Generalitat ultima un acuerdo con sindicatos y patronales para reactivar la economía catalana

El Ejecutivo catalán está ultimando un acuerdo con los sindicatos y las patronales para poner en marcha un plan anticrisis que se resume en 30 medidas divididas en siete bloques: el fomento del empleo, la reactivación económica, el acceso a la vivienda, la mejora de la financiación empresarial, la inversión en I+D+i y la protección social. Para ello, el Ejecutivo deberá destinar más de 5.000 millones de euros. Para los sindicatos, el acuerdo tiene dos claves: un aumento del 33% en la cartera de servicios sociales y la aportación, por primera vez, de recursos propios de la Generalitat para los planes de empleo. El consejero de Política Territorial y Obras Públicas, Joaquim Nadal, ha afirmado que el acuerdo todavía no está cerrado.

El Gobierno catalán remitió el lunes a los agentes sociales el último borrador del documento 30 compromisos para la ocupación, el tejido económico y el desarrollo social de Cataluña. El primer paquete, el que se refiere a las políticas de trabajo, cuenta con una inversión de 185,2 millones de euros. De éstos, 100 millones se destinarán a crear empleo público a través de planes de empleo locales, otros 40 millones irán destinados a la formación de personas en paro y 13 millones irán a cubrir las necesidades de los trabajadores autónomos que se queden sin actividad.

Para reactivar la economía, la Generalitat rescata el compromiso de reducir la burocracia y apostar por la simplificación administrativa, una promesa que ya adquirió el año pasado y que las patronales opinan que está ejecutando con retraso. La segunda medida es destinar 83 millones a la eficiencia energética, lo cual persigue también generar empleo en el sector de las renovables. Sin embargo, lo que más preocupa a las empresas es la falta de financiación para circulante y proyectos. Ahí la Generalitat se compromete a destinar 1.029 millones, de los cuales 500 millones irían destinados a avales para cubrir las necesidades de circulante. Otros 1.760 millones se dedicarán a aumentar la liquidez del mercado financiero a través de avales para las operaciones de titulización de activos y de ampliar la capacidad de actuación del Instituto Catalán de Finanzas.

El Ejecutivo también incluye varias medidas para potenciar las políticas industriales y de I+D+i. Pero el apartado más ambicioso, por lo costoso que resultará, es el referido a la vivienda. El Ejecutivo catalán se compromete a poner en marcha en un año 26.000 viviendas públicas, cuando en los tres últimos ha iniciado 24.000. Además, el Gobierno catalán quiere destinar 300 millones de euros anuales para desplegar el Plan para el Derecho a la Vivienda 2009-2012. Por lo demás, en la mayoría de los casos se trata de prorrogar medidas que ya están en marcha, como las ayudas al alquiler o la red de viviendas de inclusión.