Anulado el nombramiento de Gregorio Rojo como presidente de la Vital
La caja recurrirá la sentencia ante la Audiencia Provincial de Vitoria
El nombramiento del presidente de la Caja Vital, Gregorio Rojo, es nulo. El titular del Juzgado de primera Instancia número 1 de Vitoria lo ha declarado nulo al entender que no podía concurrir al proceso electoral por haber rebasado el límite fijado legalmente de ejercicio de cargo en órgano de gobierno de la entidad, establecido en 12 años. Con esa resolución, el juez ha estimado la demanda del PP que denunció el acuerdo adoptado en la Asamblea General del 30 de marzo de 2008, al entender que al llevar 16 años ininterrumpidos en cargos internos había sosbrepasado todos los límites que establecía la legislación. El PP sosteníaa, y el juez ha ratificado esa tesis, que Rojo podía estar 12 años como máximo con posibilidades de acceder a un mandato más, es decir 16 años, pero no a 20, como iba a resultar tras el nombramiento. La Caja Vital anunció ayer que va a recurrir la sentencia en apelación a la Audiencia provincial de Vitoria.
En concreto, en la sentencia se declara nula la citada sesión de la asamblea en lo relativo a la elección de candidatos a vocal del Consejo de Administración y Comisionados de la Comisión de Control, así como el acuerdo de la Asamblea General de dicha fecha de proclamación y nombramento como Vocales del Consejo de Administración y de la Comisión de Control que resultaron elegidos, "con las consecuencias que legal y estatutariamente se deriven de tal declaración". Sin embargo, mantiene como válida la toma de posesión de los Consejeros Generales que accedieron a tal condición en ese día y en tal Asamblea.
La resolución establece "la imposibilidad" de que Gregorio Rojo pudiera presentarse a la reelección como presidente de la Caja y, por tanto, declara nulo su nombramiento. En concreto, destaca que Rojo había rebasado el límite fijado legalmente de ejercicio de cargo en el órgano de gobierno de la entidad.
La Ley vasca de Cajas, cuya reforma fue aprobada en mayo de 2003, establece un máximo de 12 años, ampliable a 16 en circunstancias excepcionales, y ése fue el argumento utilizado por la defensa del PP en el juicio que se celebró el 10 de noviembre, al considerar que Rojo no cumplía las condiciones para optar a la reelección al llevar 16 años ininterrumpidos en los órganos de dirección de la Caja.
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