'Los Albertos' retiran su demanda contra el Estado por el 'caso Urbanor'

Los empresarios Alberto Cortina y Alberto Alcocer han decidido retirar una demanda presentada contra el Estado, al que reclamaban una indemnización de 4,64 millones de euros por los daños que les causó una polémica condena por el caso Urbanor, anulada más tarde por el Tribunal Constitucional por considerar prescritos los delitos que se les achacaban.

En 2003, el Supremo condenó a estos empresarios por estafa y falsedad en documento mercantil al considerar que engañaron a sus socios de Urbanor con la venta de los terrenos en los que se construyeron las Torres KIO, en Madrid. El Tribunal Constitucional dictó en febrero de 2008 una polémica sentencia que revocó la condena de tres años y cuatro meses de cárcel, al aceptar parcialmente el recurso de amparo presentado por los empresarios.

Los dos primos han tomado ahora esta decisión después de conocer un informe elaborado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que señala que los hechos denunciados en su demanda no constituyeron una mala actuación de la Justicia. El CGPJ desestima la presunción de anormal funcionamiento de la Justicia, aunque sí admite la posibilidad de error judicial. Los dos empresarios renuncian tanto a que se prenuncie el Ministerio de Justicia, que podría llegar a admitirla pese a ese informe, como a la posterior vía contencioso-administrativa, a la que en caso de denegación tendrían derecho.

En la demanda, Los Albertos argumentaban que desde que el Tribunal Supremo confirmó su condena en marzo de 2003 hasta que el Constitucional la anuló en febrero de 2008, sufrieron numerosos perjuicios que exigen reparación, ya que existió un funcionamiento anormal de la Administración de Justicia. Además, se quejan de que el fallo del Supremo conllevó una "pérdida de ingresos y retribuciones" y un "daño moral por abandonar precipitadamente, casi con nocturnidad, los puestos directivos de responsailidad" que ocupaban en grandes empresas españolas (Banco Zaragozano, Dragados, ENCE e Indra), bajo las presiones, entre otros, del Banco de España.

Alberto Alcocer y Alberto Cortina, que reclamaban 2,27 y 2,37 millones de euros respectivamente, sostienen que a todos esos daños hay que sumar los 1,29 millones de euros de las comisiones que tuvieron que pagar por el aval que se les exigió judicialmente para garantizar el pago de 24,6 millones a sus socios de Urbanor.

"Los dos empresarios entienden que la situación económica general y la de las finanzas del Estado en particular aconsejan su renuncia a pesar de los graves perjuicios económicos y morales sufridos", agrega el comunicado.