Más de 750.000 clientes se quedan fuera de la nueva tarifa eléctrica de último recurso

Las tarifas de último recurso (TUR) de electricidad -los precios máximos que podrán cobrar las compañías y que el Gobierno fijará desde el 1 de julio- quedarán reservadas a quienes tengan contratada una potencia inferior o igual a 10 kilovatios (kW), frente al límite de 15 previsto inicialmente. El cambio de límite supone dejar fuera de las TUR a unos 760.000 clientes de baja tensión, en su mayoría pymes y que representan el 5% de la demanda total de energía eléctrica en España, según datos de la patronal eléctrica Unesa.

Según el Ministerio de Industria, podrán acogerse a las TUR 24,92 millones de clientes de baja tensión, mientras que 1,25 millones de usuarios, que suponen el 31,7% del consumo en baja tensión, deberán ir al mercado liberalizado al haber contratado más de 10 kW de potencia. Esta novedad se incluye en un Real Decreto, aprobado hoy por el Consejo de Ministros, que regula la puesta en marcha del suministro de último recurso eléctrico, que supondrá la desaparición de la actual tarifa integral y permitirá avanzar en la liberalización del sector.

El Consejo también ha dado su visto bueno hoy a la liberalización a partir del próximo 1 de julio de las tarifas de gas para pymes industriales y comercios (T4) y grandes consumidores domésticos (T3), prevista inicialmente para el verano de 2010, lo que afecta a 60.000 clientes (menos del 1% de los consumidores).

Unificación de los servicios de pago

Además, el Gobierno ha aprobado también hoy un proyecto de Ley de Servicios de Pago para su remisión al Congreso de los Diputados, por el que se transpone la directiva comunitaria de 2007 en esta materia y que permitirá a los usuarios hacer más sencillas las transferencias transfronterizas.

Según ha señalado la vicepresidenta primera del Gobierno, la norma viene a armonizar una regulación actualmente "fragmentada", de forma que existirá una "zona única" para los servicios de pago, cuya convergencia ha "liderado" España. El texto determina qué agentes pueden prestar esos servicios y en qué condiciones, y afectará básicamente a transferencias, pagos con tarjeta y adeudos directos, así como a la emisión y adquisición de instrumentos de pago o al envío de dinero.

Entre sus ventajas, destaca la posibilidad de utilizar tarjetas de débito desde cualquier Estado de la UE, la opción de operar con una sola cuenta corriente en todo el territorio comunitario o la mayor rapidez en los pagos, pues el beneficiario dispondrá de los fondos, como muy tarde, al día siguiente de la transferencia.

Además, dispondrá de mayores niveles de protección y de mejor información, por ejemplo, sobre reglas de reembolso en caso de transacciones mal ejecutdas. Asimismo, en toda prestación de servicio que no incluya una conversión de divisas, los gastos serán compartidos entre el ordenante y el beneficiario (cláusula share), mientras que actualmente corren de cuenta únicamente del ordenante.