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El Gobierno crea una línea del ICO sólo para empresas que no destruyan empleo

El Consejo de Ministros da luz verde al decreto ley con las medidas para fomentar el empleo y que permite aplazar los pagos a la Seguridad Social

Una semana más, el tradicional Consejo de Ministros de todos los viernes ha venido cargado de temática económica con el objetivo de hacer frente a la crisis. Así, el Gobierno ha dado su visto bueno a un conjunto de medidas para atajar el fuerte incremento del paro y las dificultades de financiación entre las que destacan por su novedad una nueva línea de crédito del Instituto de Crédito Oficial (ICO) para prestar capital circulante -dinero para funcionar- a las empresas medianas pero con una salvedad: sólo dará dinero a aquellas compañías solventes y viables y que crearon o mantuvieron el empleo en 2008, entre otras condiciones.

Esta línea, la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, ha recordado en la rueda de prensa posterior a la reunión que la nueva línea tendrá una dotación de 6.000 millones de euros, de los que una mitad la aportará el ICO y la otra las entidades financieras, y los préstamos serán de un máximo de 10 millones de euros a devolver en tres años, aunque se permite un año de carencia, es decir, de retraso en el pago del principal, aunque sí se deberán abonar en ese periodo los intereses.

El vicepresidente segundo del Gobierno, Pedro Solbes, ha informado hoy en el Consejo de Ministros de esta nueva línea, que prevé que las empresas medianas cumplan otros requisitos, como hacer actividades de I+D+i con al menos el 1% de su cifra de negocio y que un cuarto de esa facturación se haya producido fuera de España. Además, no deben tener un volumen de negocio superior a los 4.500 millones de euros, no estar participadas por una empresa o un conjunto de empresas que superen esa cifra y que estén al corriente de los pagos con la entidad con la que formalicen el préstamo.

La vicepresidenta ha subrayado que el ICO ya ha proporcionado 2.400 millones de euros de financiación a pymes y a autónomos en los dos primeros meses del año, y en los últimos quince días ha habido 8.000 operaciones de crédito a empresas por 432 millones de euros. En su conjunto, todas las medidas aprobadas hoy tienen un coste de 1.577 millones, aunque una parte irá a cargo de los presupuestos de 2010.

Pagos a la Seguridad Social

Entre el paquete de medidas que han recibido hoy el visto bueno del Ejecutivo destaca también el Decreto Ley que ha sido aprobado sin el acuerdo de los agentes sociales y que pemite que las empresas "viables" puedan aplazar sus pagos a la Seguridad Social, las bonificaciones a la contratación de trabajadores en paro y establece modificaciones a favor de los trabajadores afectados por los ERE. Ante las dificultades para alcanzar un acuerdo en la mesa del diálogo social, De la Vega ha explicado que esta iniciativa seguirá un trámite de urgencia para que, una vez convalidadas por el Parlamento, puedan entrar en vigor "lo antes posible".

Sobre las modificaciones en los expedientes de regulación de empleo, se encuentra la autorización a los empleados afectados por estas medidas a que trabajen en otra actividad mientras se resuelve su situación, una iniciativa que se venía barajando, pero que no se prevía incluir 'a priori' en el decreto y cuyos principales puntos ya fueron anunciados el lunes por el ministro del ramo, Celestino Corbacho.

Refuerzo de los servicios de empleo

Otra de las actuaciones que inicialmente había quedado fuera de este paquete de medidas era la mejora de los servicios públicos de empleo. Si bien, De la Vega ha anunciado que los servicios de empleo del INEM se verán reforzados con más de 1.000 nuevos trabajadores, que se unen a los 1.415 trabajadores que entraron en 2008 como personal estructural para afrontar las mayores cargas de trabajo.

Además, la empresa que contrate a parados podrá bonificarse el 100% de la cuota empresarial a la Seguridad Social, mientras que si la contratación es de personas afectadas por un ERE la bonificación será del 50%. Asimismo, el Ejecutivo ha aprobado la posibilidad de que las empresas "viables" puedan fraccionar o aplazar el pago de las cuotas a la Seguridad Social para poder seguir desarrollando su actividad.