El Constitucional ampara a una comunidad de vecinos frente a la promotora

Demasiado bonito para ser cierto. Los 190 vecinos del edificio América Plaza de Málaga, situado a escasos metros de la estación de autobuses y del AVE, han visto en cuestión de ocho años cómo aquel local tan amplio que la promotora Prasa les vendió como zona común se ha convertido en una treintena de trasteros.

Los vecinos -enfrascados en un pleito que durará como mínimo dos años más- han conseguido que el Tribunal Constitucional (TC) diga que tenían razón cuando pidieron que se paralizaran las obras de los trasteros. Con todo, la comunidad todavía está pendiente de que el Supremo decida sobre un recurso de casación interpuesto por Prasa sobre la cuestión de fondo: si tenía o no facultad para construir esos trasteros y venderlos.

Tanto la promotora como la defensa de la comunidad de propietarios Plaza América inciden en que el procedimiento está en curso y nadie tiene la razón de forma definitiva. "Se han estimado las reclamaciones por el tema de los trasteros y el cambio de fachada, algo que está recurrido, pero también se han rechazado otras peticiones como las relativas al cambio de solería y puertas", explica un portavoz de Prasa.

La empresa atribuye la demanda a un "desencuentro entre dos partes, nada atípico en el sector inmobiliario" y asegura que las cantidades de indemnización están debidamente consignadas en el juzgado.

La sentencia del Constitucional, del 2 de diciembre, publicada la semana pasada, anula un auto que la Audiencia de Málaga dictó en marzo de 2005. En él rehusaba paralizar la construcción de los trasteros como medida cautelar y devolvía las actuaciones al punto en el que se encontraban ese año.

Zona común

Según la sentencia, la promotora había incrementado la superficie de trasteros en la misma proporción que menguó una zona común, destinada a almacén y cuarto de instalaciones.

Los vecinos pedían que se paralizaran las obras para evitar que la zona se dividiera en fincas independientes y se hiciera una nueva división horizontal "con el consiguiente riesgo de imposibilidad de restaurar los derechos de la comunidad de propietarios si tales fincas (trasteros) como efectivamente ocurrió, eran vendidas a terceros de buena fe, tornándose irreivindicables".

Si el fiscal y la Audiencia hubieran accedido a la petición, los trasteros no estarían terminados. La situación actual hace muy difícil que puedan recuperar esa superficie, aunque tienen la posibilidad de recibir el valor que tenían las zonas comunes en su día. "Si ganan en el Tribunal Supremo, lo máximo que obtendrían serían la equivalencia al dinero que valen los trasteros", señala la defensa de los vecinos.

"Este tipo de pleitos suele durar entre 15 y 20 años", explica la abogada experta en derecho urbanístico Inmaculada Gálvez. Son más frecuentes de lo que parece y están llenos de sinsabores. "Los clientes discuten mucho los honorarios y no suele compensarles", añade.

La opinión de Gálvez concuerda con el sentir de los afectados del edificio Plaza América. "Hemos perdido una barbaridad de dinero, sólo el estudio del arquitecto nos costó 42.000 euros y los últimos juicios se han llevado otros 27.000 euros", asegura Carlos, un propietario que pide que no se le identifique.

Quince años de litigio

"Nos enseñaron un plano en el que había un espacio muy grande y nos dijeron que sería para hacer un local de uso comunitario, pero después hicieron un pasaje y comenzaron los trasteros", se queja María José Frapolli, que ya tiene experiencia en pleitos con promotoras. Hace 15 años denunció a la constructora de su primera vivienda, también en la capital malagueña, por vender más aparcamientos de la cuenta y hacerlos más pequeños para salvar el expediente. El caso todavía no se ha cerrado.

Varios dueños coinciden en que los pisos no estaban bien terminados. "No se cumplió la memoria de calidades, la fachada debía ser de mármol y no de piedra, la insonorización de las viviendas no está bien hecha y los ascensores no funcionaban", comentan.

"Cuando una persona compra, aunque sea mediante contrato privado, no pueden modificarle la división horizontal sin el consentimiento de todos los propietarios", afirma la abogada Gálvez. "Hay que tener cuidado porque algunos promotores se reservan el derecho en el contrato. Con todo, no tienen nada que hacer en un juzgado".

La abogada tiene abierto un procedimiento similar contra la promotora Ávila Rojas, propiedad de uno de los implicados en el caso de corrupción urbanística destapado hace más de dos años en Marbella. Afecta a la comunidad de propietarios de la urbanización Alvarito Playa, que reclama que se haya construido trasteros en una zona comunitaria.

También en Marbella, al menos tres dueños de apartamentos del hotel Guadalpín denunciaron a la promotora Aifos por venderles habitaciones de hotel como si fueran viviendas a pesar de tener constancia, incluso antes de construir el hotel, de que esta fórmula contraviene la legislación.

"La verdadera intención de la promotora y constructora es la de no entregar las zonas comunes, que sí ofrecían como copropiedad de las fincas", recoge la denuncia. "Lo que nos vendieron como zonas de lectura de la primera planta se ha convertido en unas oficinas a su nombre que están alquilando", relata uno de los denunciantes.