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"Los Albertos" piden ahora que les devuelvan los 24 millones pagados a los accionistas de Urbanor

También han reclamado el aval de unos 24 millones que presentaron en 1998 como garantía del pago

Alberto Cortina y Alberto Alcocer han solicitado a la Audiencia Provincial de Madrid que se les devuelvan los 24,6 millones de euros que pagaron por responsabilidades civiles e indemnizaciones a los accionistas minoritarios de Urbanor, después de que el Tribunal Constitucional anulara la sentencia del Supremo que les condenaba por estafa en dicho caso.

Según fuentes jurídicas, los dos empresarios, conocidos como "Los Albertos", también han reclamado la devolución del aval de 4.080 millones de pesetas (unos 24 millones de euros) que presentaron en 1998 como garantía del pago de las responsabilidades que se pudieran derivar de una sentencia condenatoria, que el Supremo acordó en marzo de 2003.

Los dos primos han pedido, en definitiva, que se suspendan de forma inmediata cuantas actuaciones y trámites pudieran estar pendientes tanto en la pieza de situación personal como en las de responsabilidad civil por el caso Urbanor.

Los 24,6 millones que les adeudan los minoritarios se dividen en 12,26 millones pagados por cada uno de los empresarios por las responsabilidades civiles; 6.000 euros abonados por cada uno en concepto de multa, y otros 42.776,88 euros pagados respectivamente en concepto de consignación de complemento de indemnización.

Los abogados de Cortina y Alcocer presentaron la solicitud en la Audiencia Provincial de Madrid por ser donde se celebró el primer juicio.

Extensión de los efectos

La sala Segunda del Tribunal Constitucional declaró nula el pasado 20 de febrero la sentencia del Supremo que condenaba a tres años y cuatro meses de prisión a Cortina y Alcocer por estafa y falsedad en documento mercantil en la venta de la sociedad Urbanor.

La familia San Martín intentó que el Constitucional hiciera aclaraciones "en cuanto a la extensión de los efectos" de su sentencia y que especificara que la anulación de la sentencia del Supremo no implicaba "de manera necesaria la anulación de los pronunciamientos sobre responsabilidad civil contenidos en la sentencia anulada".

Dicha petición fue rechazada por el Constitucional al entender el tribunal que no tenía que pronunciarse sobre el destino del dinero.