El Gobierno recurre la multa de 152 millones que le impuso Bruselas a Telefónica

El Gobierno se ha puesto de parte de Telefónica. Y lo ha hecho de manera casi incondicional. El Ejecutivo que preside José Luis Rodríguez Zapatero ha anunciado hoy la presentación de un recurso de anulación contra la decisión de la Comisión Europea por la que se impuso a Telefónica una multa de 151,8 millones de euros por un abuso de posición dominante en el mercado español de acceso a Internet por banda ancha.

El recurso desata las iras de France Telecom, que presentó la denuncia

El Gobierno defiende por primera vez abiertamente las tesis de la empresa que preside Alierta

El recurso, presentado a instancias del Ministerio de Industria, recoge prácticamente todos los argumentos que la operadora utilizaba en su defensa ante la mayor sanción a la que se ha enfrentado nunca una empresa española. El Gobierno entiende que la Comisión Europea se ha extralimitado en sus competencias porque los hechos denunciados ya habían sido objeto de estudio por el regulador nacional, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT), que no había estimado que existiera tal abuso de mercado.

Por eso, el Gobierno se ampara en que "no es objeto del recurso la defensa de Telefónica", sino las competencias del Estado español en materia de regulación de las telecomunicaciones y de su organismo supervisor, la CMT, para lanzar a continuación una dura acusación contra las autoridades comunitarias: al llevar la contraria al regulador nacional se está creando una grave inseguridad jurídica, puesto que empresas y consumidores no sabrán a que legislación atenerse.

"El hecho de que las resoluciones de la CMT hayan quedado sin valor como consecuencia de una decisión posterior de la Comisión Europea genera inseguridad jurídica y afecta gravemente al interés público y al desarrollo de un sector tan estratégico como el de las telecomunicaciones. En efecto, con esta decisión se han generado incertidumbres sobre el papel que desempeña dicho organismo supervisor y sobre la validez de sus decisiones para el conjunto de empresas que actúan en el mercado de las comunicaciones electrónicas", dice el recurso.

La Comisión Europea sancionó a Telefónica por no dejar márgenes comerciales a sus rivales en el mercado de la reventa del ADSL, al cobrarles unos precios mayoristas muy altos. La Comisión desoyó completamente el criterio de la CMT, que autorizó esos precios. El expediente parte de una denuncia de 2003 de France Télécom (entonces Wanadoo), que desembocó en la apertura de un procedimiento formal en febrero de 2006 por la Comisaría de Competencia que tutela Neelie Kroes.

En su recurso, el Ejecutivo hace suyos también todos los argumentos de la CMT que, por boca de su presidente, Reinaldo Rodríguez, tachó el expediente de la Comisión de inconsistente y contradictorio, por no haber requerido la opinión del regulador nacional pese a inmiscuirse en un tema ya regulado. La CMT defendió a capa y a espada la actuación de Telefónica que se limitó a aplicar los precios establecidos.

En la misma línea, el Ejecutivo español se pregunta en su recurso porque la Comisión Europea no utilizó los mecanismos de colaboración directa que prevé la normativa comunitaria "y que se podrían haber puesto en marcha desde el mismo momento en que la Comisión Europea hubiera detectado actuaciones de la CMT que le hubieran causado dudas o desacuerdo".

Industria también se alinea con la CMT para pedir la anulación de la multa al denunciar que Bruselas no hizo bien los cálculos sobre el presunto estrechamiento de márgenes que aplicaba Telefónica a sus competidores. "En concreto, los errores se refieren a los productos de banda ancha analizados en la decisión, al análisis de los costes de los mismos y al impacto que la conducta analizada ha tenido tanto sobre ha tenido tanto sobre el mercado como sobre los consumidores".

La Comisión consideraba que Telefónica, con sus prácticas comerciales, debilitaba a sus competidores, y aún peor, que había provocado que los consumidores españoles pagan por el acceso a la banda ancha un 20% más que el promedio de la UE-15, mientras que su índice de penetración es un 20% inferior y su crecimiento un 30% más bajo.

El Gobierno también refuta que Telefónica haya expulsado del mercado a sus competidores como alegó la Comisión, y le advierte que eso se ha debido a procesos de fusión (Tele2 compró Comunitel; Orange a Ya.com, Ono a Auna Cable, etcétera) "Sin embargo, esta información es inexacta, ya que en la práctica totalidad de los casos no se trata de desapariciones de operadores sino de extinción por fusiones o absorciones con otros, como consecuencia de los lógicos procesos de concentración", dice el recurso.

Levantando ampollas

El recurso ha levantando ampollas en France Telecom y en su filial española, que interpuso la denuncia. La multinacional francesa, controlada por el Estado, ha intentado por todos los medios (incluyendo los diplomáticos) y hasta última hora que el Gobierno de Rodríguez Zapatero desistiera de presentar el recurso. La pasada semana llegó a convocar a los periodistas para lanzar el mensaje de que la empresa gala consideraría una "actitud insólita" que el Gobierno presentara tal recurso.

En el otro lado de la trinchera, Telefónica, se ha desatado la euforia. El presidente de la compañía César Alierta, eligió precisamente esta mañana para hacer una de sus escasas apariciones públicas, y mandó un recadito a France Telecom: cada uno que se preocupe de su casa, que ha sido multada por las autoridades de competencia francesa precisamente por el abuso de posición de dominio en el mercado francés de banda ancha.

El recurso también tiene una interpretación política pues no en vano se trata la primera vez que el Gobierno de Zapatero respalda abiertamente a la operadora. En círculos empresariales, se interpreta como el definitivo respaldo del Ejecutivo socialista a Cesar Alierta, sobre cuya continuidad se llegó a dudar cuando el PSOE ganó las elecciones, al haber sido nombrado bajo el Gobierno de José María Aznar, como casi todos los presidentes de las grandes empresas privatizadas.