Grande Marlaska llama a declarar como imputado al presidente de Air Madrid por un delito de estafa

El juez de la Audiencia Nacional, Fernando Grande Marlaska, ha citado a declarar como imputados en un delito de estafa para el próximo 13 de abril al presidente de Air Madrid, José Luis Carrillo, y otros tres altos cargos de la aerolínea. Así, además del presidente de la desaparecida aerolínea están citados el adjunto al presidente, Julio Miguel Martínez Sola; la directora del departamento de Ventas, Silvia Avelar Bravo, y el director del departamento de gestión, Juan Barjau Romero.

Esta citación llega después de que el pasado mes de diciembre el juez de la Audiencia Nacional Juan del Olmo dictase un auto en el que se declaraba competente para investigar la denuncia presentada el pasado día 18 por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) contra Air Madrid por los delitos de estafa y fraude a los consumidores.

El auto declaraba la competencia de la Audiencia Nacional para investigar a Air Madrid, por la venta de billetes para volar "con conocimiento de que los vuelos no se iban a realizar", lo que habría causado un perjuicio a "una generalidad de personas y causado un grave perjuicio a los consumidores".

La denuncia de la OCU solicitaba que el administrador de Air Madrid, José Luis Carrillo, declarase en calidad de imputado. La organización explicaba en la misma que Air Madrid ha sido "polémica" por sus "constantes y graves retrasos", que llevaron al Ministerio de Fomento a abrir un expediente a dicha empresa por sus incumplimientos. Agregaba que la aerolínea decidió de forma "inopinada" suspender sin previo aviso todos sus vuelos, "dejando en tierra a unos 100.000 afectados", que se han sentido "estafados" por la compañía, que "no asume responsabilidad alguna por su conducta".

La organización de consumidores apuntaba que la "relevancia penal" de dichos acontecimientos radica en que en los días anteriores a la suspensión de las operaciones de Air Madrid, la aerolínea siguió vendiendo billetes "con total normalidad" y apuntó que una medida como la de suspender todos los vuelos en todo el mundo "requiere una preparación previa" y "no se improvisa". La OCU consideraba también necesario investigar si la compañía vendió billetes cuando sabía que el vuelo no se iba a realizar, lo que supondría un "ilícito penal".