Zapatero ordena crear un grupo de trabajo para solucionar la crisis de Delphi
Bruselas creará un fondo de ayuda para los trabajadores y territorios afectados por deslocalizaciones
El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, ha ordenado la creación de un grupo de trabajo entre el Ejecutivo central y la Junta de Andalucía para buscar una solución para los 1.600 trabajadores que ven peligrar su puesto de trabajo tras el anuncio de cierre de la factoría de Delphi en Puerto Real (Cádiz), según ha sabido la Cadena SER.
El equipo, formado por miembros del Gobierno central y andaluz, analizará la situación económica de la factoría de Puerto Real. En el grupo participarán miembros de la Oficina Económica de Moncloa y del Gobierno andaluz. Su cometido será analizar la situación económica de la factoría que Delphi tiene en Puerto Real.
Pero, sobre todo, tendrá que buscar una solución para los 1.600 trabajadores de la plantilla que ven peligrar su puesto de trabajo tras el anuncio de cierre de la empresa de automoción. Ya el pasado 27 de febrero, el presidente Rodríguez Zapatero trasladó a Manuel Chávez todo su apoyo y colaboración para buscar una solución "razonable" a la crisis de la empresa.
La multinacional anunció hace diez días su intención de terminar con su actividad empresarial en la Bahía de Cádiz y desde entonces, trabajadores, familiares y vecinos han protagonizado numerosas protestas, aunque siguen trabajando en la fábrica.
Cumplir la ley
El Ejecutivo ha anunciado que centrará su estrategia en la crisis de Delphi en hacer cumplir la legislación española a esta multinacional de componentes para el automóvil, según el compromiso expuesto hoy por el ministro de Industria, Turismo y Comercio, Joan Clos.
A este compromiso del Gobierno, sindicatos y partidos políticos se unieron hoy con distintos medidas de presión para evitar el cierre de la factoría ubicada en la planta gaditana de Puerto Real. Clos informó sobre el anuncio del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de incluir a la Oficina económica de la Presidencia del Gobierno en el grupo de trabajo ministerial que analiza la crisis provocada por Delphi en Puerto Real.
Clos explicó que "Rodríguez Zapatero ha creado este grupo para apoyar a la Junta de Andalucía y a todas las administraciones implicadas en este proceso". Según Clos, "vamos a trabajar de forma coordinada para lograr que se minimice el efecto sobre los trabajadores, los familiares y los proveedores en toda la bahía de Cádiz."
Reacciones
El presidente del comité de empresa de Delphi, Antonio Pina, destacó, tras la reunión, que "seguirán al pie de sus máquinas" y que no tienen previsto mantener encuentros con la compañía norteamericana. Los sindicatos también continuaron hoy exigiendo "un compromiso muy fuerte" para que "la multinacional no se salga con la suya".
Méndez recordó, tras la presentación de unas jornadas sobre empleo público y enseñanza, que el cierre de la planta de Puerto Real afectará a unos 4.000 trabajadores, entre puestos directos e indirectos, y que Delphi "no se puede cerrar en ningún caso". Según el dirigente de UGT, "vamos a oponernos con uñas y dientes a esta decisión, que incluso tiene visos de ilegalidad, según las normas laborales de nuestro país".
El coordinador general de IU, Gaspar Llamazares, apuntó que el cese de la actividad en Delphi "traerá consecuencias" ya que se trata de una decisión "que no es legal ni moral". Desde la Federación Minerometalúrgica de CGT se señaló esta tarde, mediante un comunicado, de la rotunda disconformidad con un futuro cierre de la planta, que calificó de "inaceptable".
Fondo de ayuda de la UE
Además el comisario europeo de Asuntos Económicos, Joaquín Almunia, puntualizó durante la presentación de un libro esta mañana que las "administraciones españolas deben exigir la recuperación de las ayudas públicas que se hayan dado a inversores y que no estén siendo utilizadas para aquello para lo que fueron destinadas".
Almunia anunció que la Comisión Europea creará un fondo de ayuda para los trabajadores y territorios afectados por deslocalizaciones que impliquen el final de una actividad productiva que salga fuera del territorio de la Unión Europea (UE).
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