El Gobierno no derogará el decreto que amplió las funciones de la CNE
La UE ha pedido a España que lo retire, así como las 19 condiciones impuestas sobre la OPA de E.ON
El Gobierno no tiene intención de proponer al Parlamento la derogación del Real Decreto-Ley que amplió las funciones de la Comisión Nacional de la Energía (CNE), tal y como le ha exigido la Comisión Europea. Al menos así lo ha asegurado esta tarde el ministro de Industria, Joan Clos, durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
Clos ha reiterado que el Ejecutivo intentará llegar a un acuerdo con la Comisión Europea, aunque no ha descartado que la disputa con Bruselas termine llegando al Tribunal de Justicia de Luxemburgo si finalmente no se logra un consenso.
El pasado mes de marzo el Parlamento convalidó el Real Decreto-Ley que ha permitido a la CNE pronunciarse sobre la OPA de E.ON sobre Endesa, normativa que el Ejecutivo Comunitario considera contraria a la legislación europea.
Doble varapalo a Bruselas
El anuncio del recién nombrado ministro de Industria ha sido realizado tan solo un día después de que se hiciera público el contenido del informe remitido al Ministerio de Clos por la Comisión Nacional de Energía, en el que ratifican, oponiéndose a la opinión del Ejecutivo comunitario, las 19 condiciones impuestas a E.ON en su OPA sobre Endesa. Esta nueva negativa a aceptar las condiciones impuestas por la autoridad de Competencia de la Comisión Europea supone un nuevo varapalo a las relaciones entre el Gobierno español y el comunitario.
Esta misma mañana, la Comisión Europea había advertido nuevamente al Gobierno de Zapatero de que acabará en los Tribunales si no modifica la condiciones impuestas por la Comisión Nacional de la Energía (CNE) a la OPA de la alemana E.ON, condiciones que Bruselas consideró ilegales la semana pasada. A pesar de que las dos partes se muestran dispuestas a negociar, lo cierto es que las contradiciones no cesan y, si no consiguen llegar a un acuerdo, podría tener que decidir el propio Tribunal de Luxemburgo.
"La decisión adoptada la semana pasada por la Comisión Europea es jurídicamente vinculante, tiene que entrar en vigor de manera inmediata y está dirigida al Estado español y no al regulador de la Energía, por lo tanto es el Estado español quien tiene que garantizar la aplicación de la decisión de Bruselas", declaró el portavoz de Competencia del Ejecutivo comunitario, Jonathan Todd, al ser preguntado sobre los mecanismos aplicables por la Comisión después de que la CNE ratificara ayer los 19 requisitos que exige a la empresa alemana para autorizar la operación.
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