La CNE ignora a Bruselas y se ratifica en sus condiciones a la OPA de E.ON

Las iras de Bruselas contra las trabas impuestas en España a la oferta pública de adquisición (OPA) de la alemana E.ON sobre Endesa no han hecho mover ni un ápice la posición de la Comisión Nacional de la Energía (CNE). El consejo del organismo regulador se ratificó ayer, y por unanimidad, en las condiciones que fijó a finales del pasado mes de julio para autorizar la adquisición de la primera eléctrica española. Y así se lo transmitió ayer la CNE al Ministerio de Industria, cuyo titular, Joan Clos, se mostró partidario de una "solución española" para Endesa.

"Pero una cosa es lo que nos gustaría, y otra, lo que tenemos que hacer. Y lo que tenemos que hacer es cumplir las leyes", añadió el ministro de Industria, en su comparecencia ante la comisión de Industria del Congreso.

La CNE aprobó por unanimidad un informe -de apenas dos folios y medio- que Industria le había solicitado como paso previo a la resolución de los recursos de alzada presentados ante el ministerio por E.ON, Endesa, Iberdrola y Gas Natural. Dichos recursos cuestionaban, por motivos opuestos, la aprobación de la OPA del grupo alemán, con 19 condiciones, decidida por el organismo que preside Maite Costa.

En su informe, los consejeros de la CNE se ratifican "en todos su términos" en su dictamen del pasado 27 de julio, que, de cumplirse, obligaría a E.ON a desprenderse del 32% del negocio de Endesa, incluidos los activos en Baleares, Canarias, las centrales de carbón o la central nuclear de Ascó I, entre otros requisitos.

Joan Clos tiene desde ayer por la tarde el informe, que choca frontalmente con las tesis de Bruselas. A la Comisión Europea no le ha bastado la predisposición del Gobierno español a revisar las condiciones impuestas a E.ON por el regulador energético español. Bruselas consideró directamente "ilegales" 18 de las 19 exigencias al grupo alemán. El argumento principal de la Comisión se basaba en que las condiciones de la CNE eran contrarias a la normativa comunitaria sobre libre circulación de capitales y libertad de establecimiento. Según fuentes próximas al consejo de la CNE, su informe concluye recordando que el Ministerio de Industria puede recurrir la decisión de la CE ante el Tribunal de Justicia de la UE si cree que Bruselas se ha extralimitado, e incluso pedir la suspensión cautelar de la mismo. Pero las mismas fuentes señalaron que, "más que una recomendación al Ministerio, es una constatación de algo que el Ministerio ya sabe".

Sólo dos actores

Por su parte, Clos admitió ayer que, en términos de competencia, "todo el mundo está más confortable cuantos más operadores hay", aunque apuntó que reguladores de otros países han demostrado que se puede conseguir "un buen nivel de competencia con sólo dos" actores. "'No vamos a sacralizar ningún número. Lo inteligente es no ser dogmáticos de antemano", indicó. El titular de Industria subrayó, además, que "quien tiene que decidir finalmente si son dos, tres o cinco (operadores) es el propio sector empresarial".

Ayer, de todas formas, el Ejecutivo comunitario se mostró flexible. "Estamos dispuestos a negociar nuevas medidas, pero debe respetarse la decisión ya tomada", señaló el portavoz de competencia de la Comisión, Jonathan Todd, informa Europa Press.

La decisión de declarar ilegales las condiciones es vinculante. También el Gobierno se ha mostrado flexible. El vicepresidente económico, Pedro Solbes, dijo abiertamente que las condiciones de la CNE a E.ON no podrían mantenerse, y el ministro Clos ha abogado reiteradamente a favor de un pacto con Bruselas. La respuesta de Clos se plasmará en su resolución de los citados recursos presentados por las empresas implicadas en la pugna por Endesa. El ministerio no agotará el plazo, que acaba en noviembre.

La reunión del consejo de la CNE, a diferencia de la del pasado julio, ni fue larga ni fue tensa. Los nueve consejeros sabían cómo pensaban unos y otros, y el informe final aprobado por unanimidad respeta las posiciones de todos ellos.

Así, el texto refleja igualmente el informe del ponente, Jorge Fabra, que cree "muy moderadas" las condiciones finalmente impuestas por el regulador. Y refleja también los votos particulares emitidos por los cuatro consejeros considerados más próximos al Partido Popular. Éstos se mostraron especialmente críticos con las condiciones relativas a la venta forzosa de activos nucleares -E.ON debe olvidarse además de la gestión de las centrales nucleares- y de las centrales que emplean carbón nacional. La discusión en consejo del pasado jueves allanó el camino a la decisión de ayer.

"No estamos en el final del proceso" y "el final no está claro", advirtió Clos.