Bolivia suspende las medidas sobre Petrobras tras las advertencias de la empresa

El Gobierno de Bolivia ha decidido suspender temporalmente la orden para que la estatal YPFB asuma el monopolio de la comercialización de petróleo y sus derivados, para facilitar el diálogo con la brasileña Petrobras, que detenta actualmente el negocio. El anuncio ha sido realizado por el vicepresidente boliviano, Alvaro García Linera, en una rueda de prensa en La Paz, tras conocerse la preocupación del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y de los ejecutivos de la compañía afectada.

"Estamos dejando en suspenso temporalmente una resolución ministerial como una señal para avanzar en el diálogo" con Petrobras, ha indicado García Linera, en ejercicio de la Presidencia de su país debido a la ausencia del país del presidente Evo Morales.

Horas antes, el presidente de Petrobras, Sergio Gabrielli, había dicho que la empresa brasileña puede apelar a tratados internacionales para defender sus operaciones de refino en Bolivia, que considera "inviables" en el nuevo marco definido esta semana. En rueda de prensa, Gabrielli ha sostenido que la decisión oficial de que la estatal boliviana YPFB se encargue de la comercialización interna y externa de combustibles líquidos le quita por completo a Petrobras su capacidad de gerencia y no tiene sustento legal.

"A nuestro modo de ver, hace inviable la actividad de Petrobras", cuyas dos plantas de refino en Bolivia son las únicas que existen en el país andino, ha dicho el presidente de Petrobras, que ha decidido cancelar la visita prevista para hoy a La Paz con el ministro de Energía, Silas Rondeau. "Así como están las cosas, en las condiciones actuales, no nos interesa seguir en el área de refino en Bolivia, pero haremos todo lo posible para ser resarcidos", ha afirmado.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, manifestó también su preocupación por el tema en unas declaraciones en las que llegó a decir que si Bolivia toma "medidas unilaterales, nosotros vamos a pensar en cómo tomar medidas más duras" para defender los intereses de Petrobras.

"Facilitar las negociaciones"

García Linera ha dicho que había decidido "congelar" la resolución ministerial "para facilitar las negociaciones" y ha añadido que la reposición de la norma "dependerá de cómo evolucionen" esas tratativas, añadiendo que el Gobierno boliviano tiene la esperanza de que esa renegociación sea la que se imponga y que el levantamiento de la orden a YPFB no equivale a un retroceso en la nacionalización de los hidrocarburos, decretada el 1 de mayo pasado.

"La nacionalización va, no se detiene. Lo que estamos viendo son los tiempos para la aplicación en consenso y acuerdo con las empresas", ha precisado. García Linera ha vuelto a indicar que el plazo de la nacionalización es el 31 de octubre y ha reiterado su confianza en que, "mucho antes, tendremos claridad respecto a la aplicación de esta medida", que afecta a la docena de trasnacionales que operan en Bolivia, entre ellas la hispano-argentina Repsol YPF.

"Indefinición"

Según Gabrielli, que ha puesto en duda la voluntad del Gobierno boliviano de negociar con Petrobras, Bolivia no da señales claras sobre sus objetivos. "Creemos que hay una cierta indefinición en los rumbos de hacia dónde quiere ir el Gobierno boliviano en las negociaciones con Petrobras", ha indicado, añadiendo que "en vísperas de una nueva reunión, el ministro [de Hidrocarburos de Bolivia] Andrés Soliz hace este acto inadecuado", en relación a la medida anunciada el pasado martes sobre las actividades de refino.

Gabrielli ha dicho que, si Bolivia no da marcha atrás en esa medida, Petrobras apelará primero en el ámbito nacional boliviano y, si así no consigue revertir la decisión, echará mano de un tratado firmado entre esa nación andina y Holanda, que garantiza las inversiones holandesas. Las dos plantas de refino de Petrobras pertenecen a una subsidiaria basada en Holanda que, por tanto, "están protegidas" por ese tratado, según ha explicado Gabrielli.

El presidente de la empresa brasileña ha dicho también que ésta podría apelar al Centro Internacional de Arbitrajes, un órgano del Banco Mundial con sede en Washington, que en caso de fallar en favor de Petrobras podría pedir a Bolivia que la indemnice. Aunque Gabrielli ha admitido que ese fallo no sería vinculante, si Bolivia se resistiera a pagar una indemnización "tendría que cargar entonces con las reacciones de los mercados internacionales".

En tela de juicio

La nueva medida del Ministerio de Hidrocarburos de Bolivia supone, en opinión de Gabrielli, que el dinero de todas las ventas de las plantas de refino sea depositado en las cuentas de YPFB, que luego pagaría a Petrobras "aquellos costos que considere adecuados, más un margen definido por ellos". Según Gabrielli, con eso "todo lo relativo a la gestión de caja desaparece hasta el pago de los salarios de los empleados así como las facturas de los proveedores dependerá del propio dinero" de Petrobras, que no tendrá claro cuánto obtendrá por sus operaciones.

"Las inversiones también dependerán de YPFB, por lo que se pierde totalmente la capacidad de gerencia sobre la industria", ha asegurado el presidente de Petrobras, para quien la nueva medida pone en peligro créditos ya contratados por las dos plantas de refino. Gabrielli ha añadido que incluso "la recogida de los impuestos sería hecha por YPFB, pero la responsabilidad fiscal sería de Petrobras", lo que en su opinión pone la legalidad de la nueva medida en tela de juicio.