El Gobierno catalán aprueba la reforma de la Ley de Cajas de Ahorros

La Generalitat ha aprobado hoy la reforma de la Ley de Cajas de Ahorros que, entre otras cuestiones, alarga los mandatos de los presidentes y consejeros de cuatro a seis años. Además, el Gobierno catalán ha anunciado para la próxima legislatura cambios "más en profundidad", según explicó el portavoz del Ejecutivo autonómico, Joaquim Nadal.

En rueda de prensa tras la reunión del Govern, Nadal explicó que la intención del tripartito es dejar para un nuevo periodo legislativo una reforma "más en profundidad" de la ley del sector, que versará sobre asuntos "más estructurales y que no requieren tanta prisa". Con estos términos Nadal se refiere a las posibles modificaciones en la agenda de aprovación de la nueva normativa, que aún tiene que pasar el trámite parlamentario. La aprobación de la Ley podría verse afectada por la convocatoria de elecciones autonómicas anticipadas.

Fuentes de la conselleria de Economía y Finanzas de la Generalitat han declarado que la reforma hoy aprobada es "una ligera modificación" de la normativa actual, aprobada hace 21 años, para adecuarla a la realidad del sector. El proyecto aprobado hoy modifica 10 de los 53 artículos de la ley actual. La Generalitat tendrá que llevar ahora el proyecto de ley al Parlament lo más rápidamente posible, ya que la intención del Ejecutivo autonómico es aprobar la ley antes de noviembre. Sin embargo, el calendario queda comprometido si finalmente hay elecciones anticipadas.

Nadal explicó que la intención del conseller de Economía y Finanzas, Antoni Castells, es llevar a cabo "un reforma en dos tiempos" de la ley de cajas, para cumplir así con el pacto de izquierdas del Tinell, que prometía una reforma del sector más a fondo. "La reforma que hoy aprobamos es puntual y con cierta urgencia de calendario, sobre determinados aspectos", que no matizó.

Seis años de presidencia

La reforma de la ley de cajas, que ha sido pactada con la Federación Catalana de Cajas, introduce como novedad el hecho de que los presidentes puedan alargar sus mandatos de cuatro a seis años, en línea con la normativa estatal, lo que abriría la puerta a prorrogar la presidencia de Ricard Fornesa en La Caixa dos años más a partir de 2007.

El proyecto pretende reforzar el modelo catalán de cajas, por lo que por primera vez se delimitan las "funciones" de los presidentes de estas entidades, que se circunscribirán únicamente a ejercer de "máximos representantes de la institución y presidentes del consejo de administración".

Por otra parte, se establece, también por primera vez, que la entidad pueda decidir que el cargo de presidente esté retribuido, de tal forma que no tenga porque compatibilizar sus funciones con la participación en órganos de gobiernos de otras empresas.

La Generalitat decidirá la cantidad a aportar para obras sociales

Otra de las novedades más significativas de la nueva norma es que las cajas se vean obligadas, si se produjera finalmente la aprobación del proyecto, a destinar una parte "equilibrada y significativa" de sus resultados a obra social. La reforma no establece una cantidad mínima o máxima y será la Generalitat, en ejercicio de sus funciones de protectado, la que acordará con cada entidad el establecimiento concreto de una cantidad.

La nueva normativa obligará a las cajas a nombrar para sus órganos de gobierno exclusivamente a entidades "con representatividad social y económica en el territorio", frente a la indefinición de la actual ley. Estas entidades tienen por derecho en la actualidad el 30% de la representatividad en los órganos de gobierno, frente al 40% de los impositores, el 20% de los trabajadores y el 10% del gobierno local, porcentajes que no se alterarán. El objetivo es evitar que entidades que nada tienen que ver con el mundo económico del territorio donde opere la caja tengan un puesto reservado como consejeros en la asamblea o vocales en el consejo de administración, explicaron los citados medios.

También se contempla en el proyecto de ley la potestad de las entidades para fijar el importe de las dietas que percibirán consejeros y vocales, para evitar, como hasta ahora, que este extremo esté fijado por igual para cada entidad por una orden de la Generalitat que data de hace 15 años. Por otra parte, se obligará a todos los altos cargos de la entidad, y no sólo los vocales del consejo y consejeros de la comisión de control, como hasta ahora, a figurar en un registro. La finalidad es detectar cualquier error o incumplimiento en el régimen de incompatibilidades.