La justicia boliviana rechaza el 'hábeas corpus' de Repsol YPF y prosigue con la investigación
La ley del país permite la presentación de este recurso cuando una de las partes considera que hubo una actuación indebida de las autoridades.
Un tribunal boliviano ha rechazado hoy el recurso de hábeas corpus presentado por la petrolera española Repsol YPF esta mañana. La justicia boliviana seguirá, por tanto, con la investigación sobre el supuesto contrabando de crudo cometido por una filial local de la compañía.
Los fiscales del caso, tras dar a conocer el fallo, que fue anunciado tras una audiencia de casi tres horas, anunciaron que han programado para mañana martes una nueva audiencia de investigación en la que esperan recibir las declaraciones de los dos principales ejecutivos de Repsol-YPF en Bolivia, Julio Gavito y Pedro Sánchez, que se encuentran en la actualidad en paradero desconocido.
La ley boliviana permite la presentación del recurso de hábeas corpus, cuando una de las partes implicadas considera que ha habido una actuación indebida de las autoridades. Durante la audiencia, en la que un tribunal de tres jueces escuchó la queja de la petrolera hispano-argentina contra las supuestas actuaciones indebidas de los fiscales, que la semana pasada allanaron la sede de Andina, la filial de Repsol, en busca de los citados directivos, sin encontrarlos. Tras conocer el veredicto, el abogado de la compañía, Abel Montaño, anunció que prepara otros recursos legales.
Anuncios en diarios locales
Paralelamente a la interposición del recurso, Repsol YPF ha publicado anuncios de media página en la prensa local, en los que reitera su declaración de inocencia en el caso de contrabando y asegura que, pese a las que considera "desmedidas" actuaciones judiciales en su contra, está decidida a seguir trabajando en Bolivia.
La compañía española, una de las principales operadoras del millonario negocio de gas natural de Bolivia, dijo que en el caso de haber irregularidades en operaciones de exportación de crudo en los dos años pasados sometidos a investigación, éstas habrían sido sólo de carácter administrativo y no configurarían un delito penal.
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