De la Rosa dice que hizo pagos en la guerra de Irak y a partidos españoles a petición de KIO

El empresario Javier de la Rosa justificó hoy su participación en las operaciones 'Oakthorn' y 'Prima Inmobiliaria', diciendo que actuaba a petición del Grupo Kio durante su primera jornada de declaración como principal acusado de dos piezas del 'caso Kio'. El acusado explicó que financió varias actuaciones relacionadas con los intereses kuwaitíes en la guerra del Golfo e hizo pagos a partidos políticos españoles a petición de la empresa Kio.

Hoy además, la Audiencia Nacional ha aceptado que los empresarios Alberto Alcocer y Alberto Cortina, así como el consejero delegado de FCC, Rafael Montes, acudan a declarar como testigos, tal como había solicitado la defensa.

Javier de la Rosa -entonces consejero delegado del grupo KIO en España- ha afirmado que los contratos firmados por el grupo Torras con la sociedad Oakthorn "responden a una realidad" y supusieron 105 millones de dólares. Este dinero se dirigió a diferentes operaciones que, a juicio de De la Rosa, no provocaron ningún daño a Torras, al contrario de lo que piensa la acusación particular.

A través siempre de "órdenes verbales" por parte de sus superiores, De la Rosa reconoció hoy que KIO hizo "uso instrumental" del grupo Torras en Oakthorn 1 y Oakthorn 2, con el objetivo final de acometer dos operaciones: la compraventa de Torras Papel por 800 millones de dólares y de las filiales de Ercros (Erkimia y Ertoil).

Más de la mitad de este dinero fue a parar al presidente de KIO, Fahad Al Sabah y al vicepresidente del grupo kuwaití, Fouad Jaffar, así como a otras fundaciones que, posteriormente, fueron utilizados para respaldar al exilio kuwaití tras la ocupación del país por parte de Irak en 1991.

Según De la Rosa, estas operaciones se hicieron "bajo la tutela del Gobierno español", ante lo que el juez de la Sala, Javier Gómez Bermúdez, advirtió al acusado: "aquí se le juzga a usted, no al Gobierno de aquella época".

'Los Albertos' y un consejero de FCC comparecerán

La Audiencia Nacional ha aceptado hoy que los empresarios Alberto Alcocer y Alberto Cortina, así como el consejero delegado de FCC, Rafael Montes, acudan a la Audiencia Nacional para declarar como testigos en el juicio oral que se sigue por dos piezas unidas del caso Torras. De la Rosa había solicitado con anterioridad su comparecencia como testigos.

De la Rosa pretende que los primos expliquen las relaciones económicas mantenidas entre Quail España, propiedad del procesado, y Cartera Central y Urbanor -cuyo control tenían 'los Albertos'-, así como las supuestas comisiones generadas con la venta de los terrenos donde se edificaron las llamadas torres KIO.

La fiscal anticorrupción Belén Suárez solicita penas que suman 38 años de prisión para De la Rosa por delitos de apropiación indebida, falsedad en documento mercantil y maquinaciones para alterar el precio de las cosas. La fiscal pide la misma pena para el abogado Juan José Folchi y penas menores para Jorge Núñez Lasso de la Vega, Manuel Prado Colón de Carvajal y Miguel Soler.

En este juicio oral, los jueces habrán de determinar la legalidad de las operaciones Pimcinco (presunta apropiación de 300 millones de dólares durante la Guerra del Golfo), Oakthorn (préstamo de 105 millones de dólares a la sociedad del mismo nombre) y la supuesta manipulación de las cotizaciones de Prima Inmobiliaria a principios de los años 90.

Asimismo, habrá de pronunciarse sobre la denominada pieza Quail-ACIE, que debe esclarecer el desvío de 65,44 millones de euros procedentes del Grupo Torras a través de Quail -empresa propiedad del empresario De la Rosa- y el paradero de otros 6,3 millones de euros, propiedad del Grupo Torras, sustraídos presuntamente a través de su filial Acie.

La defensa De la Rosa sostiene que Quail-España, como banco de inversiones, cobró una comisión por las operaciones de la sociedad Cartera Central, derivada entre otros factores, de la venta por parte de Cortina y Alcocer de la venta de los terrenos sobre los que se asientan las torres KIO al grupo kuwaití, a través de la sociedad Horwitz, que algunas partes personadas en el juicio relacionan con Enrique Sarasola.

También señala que Cartera Central hizo pagos ligados a las operaciones Oakthorn 1 y Pimcinco que, ahora, son enjuiciadas por la Sección Primera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional.

El juez rechaza que el delito haya prescrito

Según varias partes presentes en la vista de hoy, en el auto donde se convoca a 'los Albertos' a declarar, también se desestiman varias pruebas documentales solicitadas por las defensa de De la Rosa y otros acusados. También denegó las alegaciones presentadas por las defensas de De la Rosa, el abogado Juan José Folchi, el diplomático Manuel Prado y Colón de Carvajal, Jorge Nuñez Lasso de la Vega y Arturo Piñaña sobre la "prescripción" del delito de apropiación indebida y falsedad.

Además, se negó la pretensión de conseguir la nulidad de los cd-rom remitidos por una tribunal de Ginebra, en los que la acusación particular encabezada por el grupo Torras se basa para pedir la responsabilidad civil en este caso, que podría llegar a superar 370 millones de dólares.