El gobierno advierte de que puede recurrir a un tratado para proteger a Repsol en Bolivia
El embajador español recuerda que debe ser la propia empresa la que de el primer paso en el proceso de reclamaciones
El Gobierno de España puede recurrir a un acuerdo con Bolivia de protección recíproca de inversiones, ante las consecuencias que la reciente reforma del sector petrolífero pueda tener sobre la empresa Repsol YPF, según ha advertido el embajador español en el país andino, Francisco Montalbán.
En un breve contacto con la prensa después de reunirse en La Paz con el ministro de Hidrocarburos boliviano, Jaime Dunn, el diplomático ha indicado que las condiciones de la nueva Ley de Hidrocarburos "no se adecuan al esquema contractual que se estableció en su momento".
Montalbán acalar, no obstante, que "es la propia empresa la que tiene que tomar sus decisiones", y debe por tanto dar el primer paso, pero añade que "en la medida en que estamos obligados a cumplir todas las consecuencias del convenio de protección recíproca de inversiones, el Gobierno español tomará las medidas pertinentes".
El primer paso, de Repsol
El acuerdo establece que si se produce una controversia que no pudiera resolverse de modo amistoso en el plazo de seis meses desde el inicio de las negociaciones, ésta será sometida, a petición de cualquiera de las partes contratantes, a un tribunal de arbitraje.
Las autoridades de Bolivia promulgaron el pasado 17 de mayo una reforma del sector energético que impone un incremento del 50% de los impuestos y las regalías que pagan las firmas petroleras en el país, la mayoría extranjeras, así como la recuperación de varias atribuciones ejecutivas del Estado en el negocio.
Respecto a esa reforma, la compañía hispano-argentina ya anunció a principios de mes que esa nueva normativa "vulnera derechos esenciales del ordenamiento jurídico boliviano e internacional", por lo que "le parece inevitable la defensa legal de los derechos de sus accionistas".
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