Caldera: "El salario mínimo no volverá a perder poder adquisitivo"
CEOE y sindicatos critican al ministro por anunciar una reunión que no versará sobre SMI
El ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Jesús Caldera, ha sentenciado que el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) "no perderá poder adquisitivo. Eso lo va a garantizar el Gobierno en todo caso", y dio por hecho que habrá acuerdo con empresarios y sindicatos sobre esta polémica cuestión.
En rueda de prensa en la embajada española en Moscú, donde hoy se reunió con los niños de la guerra, Caldera ha recordado que el SMI perdió en los últimos años poder de compra, pero "eso no va a volver a ocurrir en España".
El ministro ha destacado la "altísima responsabilidad" de los agentes sociales en los últimos años como garantía de que habrá un acuerdo sobre el SMI y defendió que las diferencias "son de forma y no de fondo", ha dicho.
Caldera ha agregado que el diálogo social "está vivó" y señala la "primavera" como tiempo en el que pueden fructificar las conversaciones sobre la reforma laboral, lo que permitiría en "abril o mayo" ofrecer resultados para "reducir la temporalidad y la precariedad".
El disgusto de CEOE y sindicatos
La CEOE y los sindicatos UGT y CC OO han rectificado al ministro de Trabajo que la reunión que patronal y sindicatos mantendrán esta semana, no es el jueves ni en ella se tratará sobre el SMI, sino que versará exclusivamente sobre el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva (AINC).
Los sindicatos mostraron su disgusto con Caldera al considerar su intervención una "interferencia" en un asunto que no compete al Gobierno
Preguntado por cómo están las conversaciones con la patronal y el Gobierno sobre la revalorización del salario mínimo, el líder de UGT, Cándido Méndez, ha contestado que su sindicato las da por cerradas. No obstante, ha rechazado las críticas de la CEOE a que la revalorización sea mediante una cláusula de revisión salarial que se active cuando el IPC real supere al previsto. Al respecto, Méndez destacó que la cláusula sólo es un "problema" para "una de las partes de la negociación: la patronal", así como la necesidad de que los agentes sociales lleguen a un acuerdo sobre esta materia antes de que el Ministerio de Economía tome la decisión final.
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