El Tribunal de Cuentas denuncia irregularidades en los Presupuestos del Estado de 2002

El Gobierno presidido por José María Aznar cerró el 2002 unas cuentas del Estado muy cercanas a su objetivo de déficit cero, pero que tenían truco, en concreto 469 millones de ingresos fantasmas, según se detalla en un informe del Tribunal de Cuentas al que ha tenido acceso la Cadena Ser.

Las cifras hechas públicas a finales de febrero de 2003 por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, señalaban que España había cerrado el ejercicio 2002 con un déficit del 0,07% del producto interior bruto (PIB), siete centésimas por encima de lo previsto, equivalente a 4.620 millones de euros. El Gobierno había previsto que el déficit del Estado fuera del 0,5% y se viera compensado por un superávit del 0,5% en las cuentas de la Seguridad Social, pero según explicó Montoro las cuentas se habían frustrado por los números rojos de las comunidades autónomas y por el Prestige.

Pero al cierre del ejercicio el Estado y los organismos autónomos arrojaban un déficit del 0,47% (3.102 millones), y los entes territoriales (comunidades y ayuntamientos) del 0,3% (1.980 millones). La Seguridad Social superó eso sí las previsiones del Ejecutivo y aportó un superávit del 0,7% (4.620 millones) debido al crecimiento de las afiliaciones.

El informe del Tribunal de Cuentas señala que el Gobierno de Aznar incluyó en las cuentas la cifra de 884 millones como cierre del ejercicio de las Administraciones Públicas y la Seguridad Social, una cantidad que no incluye el resultado de los organismos autónomos ni de los entes territoriales. Sin embargo, el órgano de fiscalización corrige esta cifra y la rebaja hasta los 415 millones, menos de la mitad. Es decir, la cifra final de déficit se incrementa en 469 millones de euros, y pasa así del 0,07 al 0,14 del PIB.

El Tribunal de Cuentas denuncia además que el Gobierno de Aznar hizo ampliaciones a gasto en los Presupuestos sin explicar de dónde iba a salir el dinero; y que cuando se revisaron las previsiones de ingresos al alza no se reflejó por escrito cuánto más se preveía recaudar, una información que no es obligatoria pero cuya ausencia dificulta la tarea de saber si España está cumpliendo los objetivos marcados por la Unión Europea en el Pacto de Estabilidad.