El Gobierno detalla las ayudas a pescadores y agricultores para compensar el alza del gasóleo

La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, se ha reunido hoy con representantes de los sectores pesquero y agrícola para detallarles las medidas preparadas por el Gobierno para paliar el alza del gasóleo. El Gobierno recurrirá a las ayudas nacionales autorizadas por la "regla de mínimos" de la UE y articulará préstamos a los pescadores, medidas que armadores y cofradías consideraron "insuficientes". Los agricultores, por su parte han calificado de "tacaña" la ayuda de 4 céntimos de euro por litro de gasóleo consumido anunciada por Espinosa.

La ayuda al sector agrícola se hará efectiva a través de un complejo sistema de ayudas directas y de rebaja del IRPF que se mantendría mientras el petróleo siga muy caro, según ha explicado en rueda de prensa la ministra. En total, los profesionales del campo recibirían cerca de 100 millones de euros, una cantidad que, según Espinosa, "es la misma que dará Francia a sus agricultores, pese a que España es un país más pobre".

La ministra ha dejado claro que no se tocará el Impuesto Especial de Hidrocarburos y se remitió al acuerdo de los ministros de Economía de la UE (Ecofin), que decidieron no rebajar los impuestos especiales para hacer frente al alza del petróleo.

Las organizaciones agrarias se sintieron decepcionadas ante la oferta del Gobierno. El presidente de Asaja, Pedro Barato, calificó de "netamente insuficiente" la propuesta y anunció que continuarán con el proceso de movilizaciones iniciado.

Reglamento comunitario

Al término de la reunión que mantuvo en la sede del Ministerio con las organizaciones del sector pesquero, Espinosa ha indicado que las embarcaciones de bajura, menores de 12 metros, podrán beneficiarse del reglamento comunitario que permite conceder ayudas inferiores a 3.000 euros por pescador durante tres años sin notificación previa a Bruselas.

De acuerdo a las condiciones de dicho reglamento, ideado para superar situaciones de crisis en la agricultura y la pesca, el Gobierno español podrá conceder ayudas al sector pesquero de hasta 15 millones de euros en tres años, pero tendrá que llevar registros que demuestren que se han respetado los límites.

En el caso de los barcos de altura, el Gobierno articulará préstamos bonificados en condiciones ventajosas para las empresas que estén al día en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social, ha precisado la ministra de Agricultura, que ha calificado la reunión de "muy satisfactoria".

No obstante, Espinosa ha reconocido que "han quedado temas pendientes" que han impedido cerrar un acuerdo con los pescadores, por lo que miembros de su Departamento se reunirán de nuevo con el sector el próximo martes, para estudiar sus propuestas.

Acuerdo político, sin medidas concretas

Por esta razón, el Consejo de Ministros sólo aprobará el próximo viernes un "acuerdo político" para paliar la subida del crudo en la pesca, pero no dará "luz verde" a un paquete de medidas concretas, ha afirmado.

A su salida de la reunión, los armadores y representantes de cofradías de pescadores han coincidido en tachar las medidas de "insuficientes", ante la imposibilidad del sector de trasladar el aumento de los costes de producción sobre los precios.

El presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Juan Cervantes Flores, ha expresado su decepción por las medidas adoptadas, porque no compensan las pérdidas registradas hasta el momento por la subida del crudo. "Se puede hacer poca cosa con 3.000 euros", ha dicho.

En el mismo sentido, el secretario general de la Federación Española de Organizaciones Pesqueras (Feope), Javier Garat, ha lamentado que el paquete de medidas adelantado con anterioridad por Espinosa se limite a "un anuncio de buenas intenciones". "Está claro que las empresas van a ir a la quiebra", ha advertido.

Ha recordado que Francia y Portugal ya han aplicado medidas concretas y que la patronal de los armadores propone bonificaciones en las cuotas empresariales a la Seguridad Social y la mejora de la fiscalidad directa, ya que el precio del gasóleo ha aumentado más de un 60% en lo que va de año.