Repsol debe invertir 900 millones de dólares para adaptarse a la Ley de Hidrocarburos de Bolivia

La petrolera Repsol YPF no ha invertido en Bolivia un total de 900 millones de dólares en la perforación de pozos en el campo Margarita, departamento de Tarija, amparándose en un decreto aprobado en octubre de 2001 por el entonces presidente Jorge Quiroga y que ahora ha sido derogado por el actual mandatario, Carlos Mesa, según informa en su edición de hoy el diario local La Prensa.

En caso de que no invertir lo que le exige la ley, la petrolera hispano-argentina "deberá migrar a los nuevos contratos de producción compartida que regirán a partir de la nueva Ley de Hidrocarburos" pendiente de aprobación en el Parlamento, según un informe oficial en el que también están incluidas otras empresas extranjeras.

"Las petroleras tendrán que adecuarse a la ley, tendrán que hacer esas inversiones y entrar al nuevo ritmo", advirtió el pasado miércoles el delegado para Capitalización, Francesco Zaratti, quien insistió en que al tener que acogerse a la nueva normativa "deberán invertir el monto pendiente en industrialización y redes de gas a domicilio".

Las petroleras dejaron en suspenso sus inversiones al amparo del decreto 26.366, emitido en octubre de 2001 por el Gobierno de Jorge Quiroga, que fue el presidente que más ventajas dio a las petroleras. Sin embargo, recientemente ha sido declarado ilegal y derogado por la actual Administración de Carlos Mesa.

Actual Ley de Hidrocarburos

La obligación de perforar un pozo por parcela está contenida en el artículo 30 de la actual Ley de Hidrocarburos, según la cual "un participante con YPFB en un contrato de riesgo compartido que haya declarado un descubrimiento comercial, podrá seleccionar un área para su explotación que comprenda uno o más campos, con o sin solución de continuidad".

Repsol YPF, a través de su subsidiaria Maxus, declaró como área comercial el bloque Caipipendi, en Margarita, el 30 de noviembre de 1995, fecha en la que accedió a 39 parcelas. Desde entonces tenía cinco años de plazo para perforar un pozo por parcela. Sin embargo, el citado informe señala que la empresa que preside Alfonso Cortina sólo perforó tres pozos y dejó pendientes 36.

El área de explotación seleccionada dentro del área del contrato por cada descubrimiento comercial tendrá una superficie máxima de diez parcelas. En cualquier caso, si en el plazo de cinco años desde la notificación a YPFB y a la Secretaría Nacional de Energía, el interesado no hubiese efectuado la perforación de al menos un pozo productor o inyección en cada una de las parcelas seleccionadas, "éstas serán obligatoriamente devueltas".

"Las empresas que hayan seleccionado estas parcelas tienen la ineludible obligación, por el mismo artículo, de perforar en un periodo de cinco años un pozo por parcela. En caso contrario, las parcelas deberán ser revertidas al Estado", añade el diario.

Otras petroleras afectadas

Petrobras está en la misma situación por el campo Sábalo, en San Alberto, donde accedió a 18 parcelas, pero sólo perforó dos pozos y dejó pendiente una inversión de 400 millones de dólares, en tanto que Andina (en la que Repsol YPF es socia) dejó de invertir 250 millones de dólares en el campo Los Sauces.

Por su parte, la argentina Pluspetrol debía perforar 14 pozos, pero sólo perforó uno. La inversión que no se ejecutó llega a 325 millones de dólares. En el campo Tajibo, esta misma petrolera pospuso la perforación de nueve pozos, dejando de invertir 225 millones. La petrolera Maxus dejó pendiente en el campo Surubí Noroeste la perforación de nueve pozos y una inversión de 225 millones.

Según datos de las petroleras, el costo promedio de la perforación de un pozo es de 25 millones de dólares. Por eso, según el citado informe, juntas, las cuatro petroleras tienen pendientes compromisos de inversión por 2.325 millones de dólares.

Silencio

La Cámara Boliviana de Hidrocarburos (CBH), entidad que representa a las petroleras que operan en el país, ha decidido guardar silencio sobre este tema. Sin embargo, fuentes allegadas a las empresas aseguraron a 'La Prensa' que con esta medida el Gobierno de Mesa busca, "sin sustento, una posición negociadora frente al sector".

El pasado lunes, el presidente Mesa anunció que la revisión de los contratos con las petroleras comenzará por el pozo por parcela. Ese fue un punto central de los contratos de riesgo compartido con las petroleras, pero el Decreto 26.366, que justificó la no inversión, es "inconstitucional", según argumentó el mandatario.

Además, la semana pasada el jefe del Estado adelantaba que las empresas accederán a cambiar de contratos "porque se están cambiando las reglas de juego". "Las empresas no pueden estar en una actitud de rebeldía o negativa en un escenario que ya les es adverso", precisó Mesa, que explicó que el caso de pozo por parcela se viene trabajando en la nueva Ley de Hidrocarburos.

"Hay una obligación de las empresas que la estamos planteando en la posibilidad de una inversión adicional para que no sea plata que se tire gratuitamente, porque si tú has hecho una perforación ya tienes la reserva, hacer otras treinta no tiene sentido. Lo que sí tiene sentido es decir: utilice esa plata, vaya a industrialización, desarrollo de nuevos campos, en inversión social", añadió.