La UE exige a France Télécom el reembolso de hasta 1.100 millones

La Comisión Europea considera que la derogación de tasas profesionales de que se benefició France Télécom entre 1994 y 2002 constituye una ayuda de estado ilegal, por lo que el operador francés deberá rembolsar una "cantidad estimada entre 800 y 1.100 millones de euros" más intereses. France Télécom y el Estado francés han anunciado que recurrirán la decisión del Ejecutico comunitario.

"El régimen derogatorio de impuesto profesional del que se benefició el grupo France Télécom hasta finales de 2002, constituye una ayuda incompatible con el Tratado de la UE", ha determinado Bruselas. Desde 1994, el grupo francés se benefició de condiciones particulares sobre impuestos directos locales. Esta situación le permitió ahorrar entre 800 y 1.100 millones de euros, mientas que el Estado francés no recibió el reembolso integral de las ayudas.

Bruselas ha establecido que el montante preciso del dinero que France Télécom tiene que reembolsar será decidido por Bruselas durante el proceso de recuperación del mismo. El comisario europeo de Competencia, Mario Monti, ha advertido de que el montante oscilará en la práctica entre los 1.200 y los 1.700 millones de euros, dados los intereses derivados.

La operadora ha asegurado que recurrirá la decisión ante el Tribunal de Luxemburgo. "Estas decisiones contradicen la realidad económica y constituyen una grave violación del derecho comunitario", ha argumentado.

Por su parte, el Ministerio de Finanzas francés ha asegurado que "utilizará todas las vías de recurso" para hacer valer sus derechos, dado que considera que la Comisión "no ha escuchado los argumentos" de las autoridades francesas para negar la existencia de cualquier elemento de ayuda de Estado en ambos asuntos.

Ayuda de 9.000 millones

El Ejecutivo encabezado por Romano Prodi ha señalado también al adelanto accionarial ofrecido por la entidad pública ERAP al grupo en diciembre de 2002, que para Bruselas contiene "elementos de ayudas" ya que permitió mejorar "de manera significativa la situación financiera del operador". Este acuerdo hubiera permitido a France Télécom obtener una ayuda de hasta 9.000 millones de euros, cifra que inicialmente recomendaron pedir a Francia los funcionarios comunitarios que analizaron el caso.

Las declaraciones del Gobierno sobre esta ayuda de ERAP a finales de 2002 "crearon un efecto de espera y confianza de la parte de los mercados financieros y permitieron mantener la notificación de France Télécom en el rango de inversión", ha señalado Ejecutivo comunitario. Según su razonamiento, si no hubieran habido estas declaraciones, "ningún inversor hubiera ofrecido en esas condiciones un adelanto accionarial asumiendo él mismo un riesgo financiero muy importante".

Pese a esta infracción, la Comisión ha reconocido que es la primera vez que ha tenido que examinar un caso de esta naturaleza, por lo que no reclamará la devolución de esta ayuda. Tras quince días de intensos debates en el seno del Ejecutivo comunitario, Monti propuso a finales de la semana pasada que la operadora francesa fuera obligada a pagar 1.100 millones de euros por haber recibido ayudas indebidas por parte del Gobierno francés. De este modo, descartó la multa recomendada por los servicios jurídicos de Bruselas, que ascendía a los citados 9.000 millones de euros.

El viernes pasado y ante la inminencia de la decisión de la Comisión, France Télécom declaró que ni el régimen de impuesto profesional ni las medidas acordadas por el Gobierno francés para el grupo en diciembre de 2002 constituían ayudas estatales.