Espinosa consensuará con las regiones afectadas la postura española ante la reforma del azúcar

La ministra de Agricultura, Pesca y Alimentación, Elena Espinosa, se reunirá el próximo lunes con los consejeros del ramo de las comunidades autónomas afectadas por el documento del comisario europeo Franz Fischler que servirá de base a la reforma de la Organización Común de Mercado (OCM) del azúcar, según han confirmado fuentes del sector.

Confía en consensuar una postura española para evitar que el documento sea presentado como propuesta formal de reforma al Colegio de Comisarios, porque su aplicación en los términos actuales supondría la desaparición del cultivo y las industrias asociadas en España.

Espinosa mantendrá un encuentro con los consejeros de Agricultura de Andalucía, Castilla y León, Castilla-La Mancha, La Rioja, País Vasco y Extremadura, que concentran la mayor parte de las explotaciones de remolacha y caña. Además, ya ha enviado una carta a Fischler para trasladarle la preocupación del sector y mantenido contactos con la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Transportes y Energía, Loyola de Palacio, así como con el de Asuntos Económicos y Monetarios, Joaquín Almunia.

Según el sector, los términos del documento de propuesta suponen la desaparición de las cerca de 18.000 explotaciones basadas en el cultivo de la remolacha en España, de las que se sustentan unas 300.000 familias, fundamentalmente en Andalucía, Castilla y León, Norte de España y Castilla-La Mancha.

El responsable austríaco enviará a los ministros de Agricultura y a la Eurocámara, a partir del 14 de julio cuando la presenta, la última de sus reformas en los diez años que ha pasado como comisario en Bruselas. En su primera comunicación presentada en septiembre de 2003 para abrir el debate en la Unión, ofreció tres alternativas: mantener el statu quo actual, prolongando el régimen de ayudas en vigor más allá de 2006 y comprometiendo únicamente la reducción de cuotas, aranceles y precios en el ámbito de la actual OCM; la posibilidad de una liberalización completa del régimen actual del azúcar, con una integración de los productores en el sistema de pago único por explotación, o eliminar progresivamente las cuotas de producción pasando al sistema de ayudas directas.