Un juez impone una fianza de 4,95 millones a César Alierta por el 'caso Tabacalera'

El juez Santiago Torres, que instruye el 'caso Tabacalera', ha impuesto a César Alierta una fianza de 4,95 millones de euros por si tuviera que hacer frente a una hipotética condena por un delito de abuso de información privilegiada. El magistrado de la Audiencia de Madrid considera que el ex presidente de la compañía tabaquera y actual presidente de Telefónica utilizó, junto a su mujer y su sobrino, su posición de gestor para comprar y vender acciones de la compañía en 1997 y 1998.

La querella de la que se derivan las imputaciones contra Alierta fue presentada por la Asociación de Consumidores y Usuarios de Servicios Generales de Banca y Bolsa (AUGE) a finales de noviembre de 2002. En ella se acusa a César Alierta; su mujer, Ana Cristina Placer; y su sobrino Luis Javier Placer, de aprovechar en 1997 y 1998 la disponibilidad de información privilegiada para invertir en títulos de Tabacalera.

Según AUGE, Alierta y su mujer suscribieron un préstamo de 400 millones para la adquisición de acciones de la tabaquera a través de la sociedad Creaciones Baluarte, S.A., que Alierta traspasó a su sobrino Luis Javier Placer. Poco después, el 19 de agosto de 1997, Creaciones Baluarte comenzó a adquirir acciones de Tabacalera, proceso que terminó el 10 de septiembre de dicho año. Fueron 18 operaciones de compra de títulos por 386 millones de pesetas.

Según las investigaciones de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), las ventas empezaron el 26 de enero de 1998 y terminaron el 3 de marzo de 1998. En total, Baluarte hizo 21 operaciones de venta. El precio de las acciones fue el siguiente: el 19 de agosto de 1997, cuando comenzaron las compras, el título cotizaba a 7.860 pesetas; el 3 de marzo de 1998, cuando se realizó la última venta, el valor había subido a 15.560 pesetas. La inversión de 386 millones de pesetas se convirtió en 695 millones, lo que arrojó una plusvalía de 309 millones. Las acciones de Tabacalera habían sufrido en el periodo analizado una revalorización algo mayor al 100%, frente a una subida del Ibex 35 del 36,82%.

La Sección VI de la Audiencia Provincial de Madrid admitió a trámite la querella de AUGE en junio de 2003, ordenando que se abriera una investigación contra el presidente de Telefónica. Hoy, el juez del caso, Santiago Torres, ha decidido imponer una fianza de 4.950.000 euros en concepto de responsabilidad pecuniaria, es decir, por si los tres imputados tuvieran que hacer frente a una hipotética condena. Además de ser solidaria -los tres hacen frente al pago-, debe desembolsarse en metálico o aportando un aval.

Conflicto de competencias

Torres ha dictado otra resolución en la que confirma además su competencia para proseguir la investigación del caso, rechazando así el requerimiento formulado por la Audiencia Nacional para que se inhiba. Este último auto no había llegado este mediodía al Juzgado Central de Instrucción Número Cuatro, pero fuentes jurídicas indicaron a Europa Press que en caso de que le sea remitido, su titular, el juez Fernando Andreu, tiene intención de elevarlo al Tribunal Supremo para plantear un conflicto de competencia y que el Alto Tribunal decida qué órgano lo debe instar.

Santiago Torres ha emitido tres autos sobre el caso y se los ha comunicado a las partes el mismo día en que inicia las vacaciones, cuando la Sala de la Audiencia Nacional sección Cuarta ha ordenado al Juzgado Central de Instrucción que requiera de inhibición al juez por considerar que la competencia del caso corresponde a la Audiencia Nacional.

La defensa expresó su sorpresa por el hecho de que el juez instructor siga cursando autos cuando se ha pedido su inhibición, así como por el importe de la cuantía, dado que no se trata de una fianza carcelaria, ni tampoco para responder a la presentación a un juicio o para garantizar responsabilidades civiles para resarcir a perjudicados. También le llama la atencion el hecho de que estando aún el proceso en fase de instrucción, sin ninguna resolución concreta al respecto, se estén practicando diligencias.