El Gobierno estudia incentivar a nuevas empresas en las zonas afectadas por la crisis de Izar
La SEPI cree que la compañía debe desarrollar un plan industrial basado en un cartera militar estable
El preocupante futuro de Izar hace que el Gobierno estudie un primer paquete de medidas, que podría incluso aprobar en el Consejo de Ministros de este viernes, para paliar el "impacto social" de la "necesaria adaptación" de los astilleros estatales al momento del sector y a la devolución de ayudas a la UE de al menos 308 millones de euros. Entre esas posibles medidas, el Ejecutivo estudia poner en marcha incentivos a la creación de nuevas empresas en las zonas afectadas.
Así lo reflejan las conclusiones de la Comisión Delegada para Asuntos Económicos del Gobierno, que hoy ha recibido un informe del presidente de la SEPI, Enrique Martínez Robles, sobre la situación y futuro de la empresa.
El responsable de la SEPI considera que sólo se puede resolver el futuro de Izar con un plan industrial basado en un cartera militar estable y de la capacidad de Izar para captar oportunidades en el mercado civil, para lo que es "absolutamente necesario abordar un proceso de adaptación de la compañía", según ha informado el Ministerio de Economía.
"Medidas paliativas"
Algunas de las "medidas paliativas" que contempla el Ejecutivo para ayudar a aquellas zonas en las que están implantados los astillero" son: Poner en marcha incentivos a la creación de nuevas empresas en las zonas afectadas; apoyar a los potenciales inversores por parte de organismos públicos y utilizar los instrumentos financieros disponibles por las administraciones y empresas de fomento empresarial.
Para conseguir la mayor eficacia de las actuaciones, en todo momento se buscará el diálogo con los representantes sindicales así como el apoyo de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales afectadas.
Nuevos pedidos
En medio de este preocupante situación, la Consejería de Obras Públicas y Transportes de la Junta de Andalucía ha adjudicado a Izar la construcción de dos barcos para el establecimiento del servicio marítimo regular de pasajeros en la Bahía de Cádiz, por importe de 3,226 millones de euros.
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