Bruselas advierte a la SEPI de que antes de aplicar su plan de salvación de los astilleros debe devolver las ayudas

La Comisión Europea anunció ayer que cualquier plan de intervención financiera a favor de los astilleros Izar como el planeado por la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) debe ir precedido del reembolso de los 308,3 millones de euros, más intereses, recibidos ilegalmente por el holding a partir de 1998 y hasta 2000. Bruselas tiene ya conocimiento del plan de reflotamiento, pero dice que la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo establece que ninguna ayuda adicional puede ser autorizada mientras no se devuelva la recibida ilegítimamente.

Izar mantiene que el desembolso de las cantidades reclamadas oficialmente por Bruselas desde el pasado 12 de mayo supondría la quiebra del grupo para lo que ha elaborado una estrategia de salvamento que pasa por una ampliación de capital de la que extraer los fondos debidos.

La Comisión manifestó ayer que el planteamiento cronológico de la SEPI no es aceptable. Antes de percibir nuevos socorros financieros, Izar debe atender el requerimiento de mayo para la devolución de los millones de euros recibidos ilegalmente. "Es el principio del Tribunal de Justicia", señaló Tilman Lüder, portavoz del comisario Mario Monti, responsable de Competitividad en la UE. "Antes de dar luz verde a nuevas inyecciones habría que reembolsar la antiguas. Y estas ayudas no han sido reembolsadas todavía".

Al adoptar la decisión de exigir el reembolso de los 308,3 millones, la Comisión dijo ser consciente de los riesgos que ello suponía para miles de puestos de trabajo y subrayó que los dos meses de plazo dados entonces a Izar suponían un gesto de generosidad, puesto que sólo se referían al tiempo fijado para determinar el modo de devolución, no para ejecutarlo.

Las aspiraciones de la SEPI entran aparentemente en conflicto con la flexibilidad mostrada entonces por la Comisión, que habló en mayo de medidas de acompañamiento, como reciclamiento de personal o potenciales recursos a fondos de desarrollo regional, para paliar los efectos de la devolución.