La Audiencia de Pontevedra culpa a un joven del accidente de trabajo que le dejó incapacitado

Armando Cacabelos, de 29 años, quedó incapacitado en 1999 al sufrir un accidente de trabajo: "Estaba en la obra, como no había personal suficiente fui a ayudar a levantar una plancha, pero me resbaló y me cayó encima". La Audiencia de Pontevedra ha sentenciado hoy que la culpa fue suya por imprudente, por lo que no tendrá derecho a una indemnización.

El joven, natural de Cambados (Pontevedra), ha declarado que "estaba haciendo el mismo trabajo que el resto de compañeros". "Simplemente ayudé a levantar una plancha de hierro mientras trabajaba en la obra", porque "hay que moverlas con una grúa, pero, si no hay medios, no nos queda más remedio que hacerlo nosotros", ha añadido.

Esta acción, a la postre fatal, fue considerada ya por el juzgado de Cambados como una imprudencia del joven, y ahora la Audiencia Provincial ha ratificado la primera sentencia, y ha eximido de responsabilidad civil a la empresa y a la compañía aseguradora. "Es una decisión injusta porque en las empresas de construcción haces lo que te mandan o vas a la calle", ha afirmado Cacabelos tras conocer la noticia.

Precedente en Barcelona

Con unas palabras similares recibió hace apenas una semana el albañil Enrique Pociños Ferrera la sentencia de la Audiencia de Barcelona que absolvía al empresario y al arquitecto de la obra en la que trabajaba en 1999 cuando sufrió un accidente que le dejó tetrapléjico. Según los jueces, "desde el momento en que el trabajador aceptó la realización del trabajo se puso en situación de peligro"; así, el accidente fue culpa suya, en esencia.

El empresario y el arquitecto habían sido condenados inicialmente por un juzgado de lo penal a un año de prisión por un delito de lesiones y a pagar una indemnización de 381.548 euros, pero la Audiencia anuló la condena y la indemnización.

El ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, discrepó un día después de la decisión del tribunal y aseguró no coincidir con los argumentos del fallo. Los sindicatos UGT y Comisiones Obreras la calificaron de "inadmisible", y el PSOE e Izquierda Unida señalaron la necesidad de que el Consejo General del Poder Judicial la revise.