Diez preguntas y respuestas sobre la crisis argentina

La dimisión del presidente Adolfo Rodríguez Saá en la madrugada del 31 de diciembre agravó la incertidumbre sobre el futuro político y económico de Argentina. Eduardo Duhalde, un abogado laboralista de 60 años, senador y gobernador durante dos mandatos de la provincia de Buenos Aires, asumió la presidencia el 2 de enero. Se trata del quinto presidente argentino en 13 días y se espera que complete el mandato presidencial hasta diciembre de 2003 en el que espera lograr tres objetivos:
Reconstruir la autoridad política e institucional, garantizar la paz social y sentar las bases para el cambio del modelo económico y social.
El Gobierno anunció el domingo 6 de enero una devaluación del peso del 28,5%, abandonando el sistema de convertibilidad cambiaria que desde 1991 ataba al peso con el dólar, y puso en marcha un plan para evitar que se dispare la inflación.
Entre otras medidas de "emergencia pública", pasó a pesos las tarifas de los servicios públicos, que estaban fijadas en dólares y se ajustaban por el índice de inflación de EEUU, según los contratos de privatización firmados a comienzos de los 90.
Asimismo, estableció que las deudas por hipotecas o préstamos hasta un monto de 100.000 dólares se pasen a pesos sin hacer el ajuste por la devaluación de la moneda nacional con la promesa de compensar a los bancos.
El temor del presidente Eduardo Duhalde es que una subida de precios (experimentada ya por el temor de los comerciantes a la espera de la anticipada devaluación) inhabilite el efecto devaluatorio. Según el ministro de Economía, Remes Lenicov, las medidas no tienen por qué provocar una inflación de precios. En un lapso de "4 a 5 meses" la idea del Gobierno es que el peso flote libremente frente al dólar.

El ministro de Economía español, Rodrigo Rato, pidió al FMI que hiciera efectivo el pago del crédito acordado en agosto (8.000 millones de dólares) para eludir el colapso económico del país.
Tras la decisión de devaluar, el organismo se declaró listo para trabajar con el nuevo Gobierno de Argentina, y así lo expresó su directo gerente Horst Koehler, quien matizó que "le corresponde al país solucionar su grave crisis financiera". Advirtió también que cualquier programa diseñado para lograr la recuperación de Argentina debe abordar tanto los problemas económicos como los sociales.

El nuevo nivel de tipo de cambio fijo de Argentina no durará los 4 o 5 meses que quiere el gobierno, ya que la devaluación de casi 30 % que anunció el país el domingo no alcanzará para eliminar las presiones sobre el peso, según algunos analistas. "Va a ser muy difícil. Un régimen cambiario es tan fuerte como los fundamentos económicos sobre los que se apoya, y si ellos no están en equilibrio, entonces no es un buen augurio para el sistema" cambiario, dijo Mike Noone, analista de mercados emergentes de WestLB.
Otros analistas se enfocaron en la crónica falta de confianza en la gobernabilidad de Argentina, tanto a nivel doméstico como internacional. "Un país que ha perdido credibilidad, y trata de establecer un nuevo tipo de cambio, es inherentemente problemático", aseguró Neil Dougall, jefe de análisis de mercados emergentes de Dresdner Kleinwort Wasserstein.

El dimisionario presidente interino de Argentina anunció un impopular paquete de medidas para reforzar la economía:

• La suspensión del pago de la deuda externa de 132.000 millones de dólares (117.000 millones de euros), la mayor en la historia económica mundial.

El 18 de diciembre, estalló una revuelta popular en Argentina en protesta contra una serie de medidas de restricción bancaria que los argentinos interpretaron como un preámbulo a la confiscación de sus depósitos para financiar los gastos de un Estado cuyas arcas están vacías.
Los ciudadanos, desesperados y hambrientos, se echaron a la calle y saquearon supermercados en busca de alimentos. Las protestas se saldaron con 22 muertos y más de un centenar de heridos.
Fue el peor estallido social en la historia de Argentina en más de una década, el presidente De la Rúa declaró el estado de sitio durante 30 días y Domingo Cavallo se sintió acorralado. Tardó 24 horas en presentar su dimisión junto la de todo su gabinete, explicando que "lejos de ser una ayuda, se constituyó en un obstáculo" para el presidente Fernando de la Rúa.
El entonces presidente intentó formar un Gobierno de coalición con la oposición, pero sus esfuerzos fueron vanos. Tras dos días de violencia en las calles, dimitió De la Rúa, y procedió a derogar el estado de sitio.

Fueron precisamente las últimas medidas puestas en práctica por Domingo Cavallo las que desencadenaron el profundo descontento social, el saqueo posterior de comercios y el levantamiento del estado de sitio. Estas medidas entraron en vigor el lunes 3 de diciembre para frenar la fuga de capitales y, debido a las críticas suscitadas, la Administración De la Rúa realizó una serie de modificaciones 48 horas después. Se decretó que un ciudadano podría retirar un máximo de 1.000 pesos en efectivo al mes. Pero la rebelión de los herededados siguió convulsionando casi todos los rincones del país, la Plaza de Mayo bonaerense fue vigilada durante días por la policía, ante las continuas manisfestaciones de ciudadanos.
Miles de empresas y familias argentinas endeudadas en dólares, pero que reciben sus ingresos en pesos, están bastante nerviosas ante la devaluaciónde la moneda y la subida de precios.

Con distintos grados de exposición, las empresas españolas con fuertes inversiones en Argentina como los dos grandes bancos BBVA y SCH, Telefónica, Endesa y Repsol. Concretamente, SCH y BBVA suman 15.000 millones de dólares en depósitos, y han reiterado que están listos para todo, incluso para afrontar 2 años sin beneficios en ese país. Argentina supone el 4% de los ingresos del SCH y un 6% de los del BBVA. Pese a la lógica preocupación por la situación de Argentina, todas las firmas mencionadas han reafirmado, que mantendrán su presencia a largo plazo.
No obstante, se calcula que las empresas y bancos españoles perderán unos 2.600 millones de dólares por la devaluación del peso, la "pesificación" de las tarifas de servicios públicos y los impuestos a la exportación de hidrocarburos. Mientras, el Gobierno argentino ha iniciado una una ronda de difíciles negociaciones para cambiar las reglas del juego a las empresas extranjeras que controlan los servicios públicos y el petróleo, a fin de atenuar el impacto de la devaluación.
El ministro de Economía, Jorge Remes Lenicov, ha confesado que el éxito de sus planes depende de que no se disparen los precios y ratificó que se aplicarán controles en los sectores dominados por "oligopolios", es decir pequeños grupo de empresas. "Si nos va mal, nos va mal a todos", advirtió, tras pedir a los consumidores que "peleen y discutan" los precios de los productos y servicios.
La ronda de negociaciones ha comenzado con las empresas de electricidad, la mayoría de capitales españoles y franceses, que denuncian la falta de seguridad jurídica y temen por sus millonarias inversiones.
Mientras, las petroleras, entre las que destaca por su mayor peso Repsol YPF, expresan su "preocupación" por la decisión gubernamental de aplicar un impuesto a las exportaciones que califican de "discriminatorio".