Seis de los Estados que demandaron a Microsoft se oponen al pacto con la compañía

Los 18 estados que demandaron a Microsoft por prácticas monopolísticas no han llegado a una posición unánime sobre si aceptan o no el acuerdo extrajudicial al que llegó la empresa informática con el Gobierno de Estados Unidos y un tercio de ellos está decidido a seguir su batalla en los tribunales.

Hoy concluía el plazo que la juez encargada del proceso, Colleen Collar-Kotelly, había dado a los 18 estados que demandaron a la compañía para que se sumasen, si así lo decidían, al preacuerdo del Gobierno federal.

Microsoft y el Gobierno sellaron la pasada semana su acuerdo y lo ofrecieron a los estados con la esperanza de ganar su apoyo y poner fin a un proceso que dura ya cuatro años. Sin embargo, las reticencias han provocado una división entre los estados, que hasta ahora mantenían una postura común.

Con la oposición de estos estados, ahora pueden pasar tres cosas: que la juez extienda el plazo para redactar un nuevo acuerdo, que convenzan a la juez para que rechace completamente el acuerdo por falta de consenso, o que la juez acepte el acuerdo y permite a los estados discordantes seguir adelante con su propio proceso.

En este último escenario, sería complicado para uno o dos estados en solitario lograr grandes remedios si el Gobierno federal ya ha pactado una solución con la compañía.

Brendan Sullivan, el abogado que representa a los estados, ha asegurado que los que se oponen, entre ellos California y Massachusetts, "están muy preocupados por el acuerdo".

Mientras, Microsoft ha señalado que no hay lugar para más negociaciones, pues los temas analizados han sido "tratados hasta agotarlos", en palabras del letrado John Warden.

Un tercio de los estados se han mostrado decididos a aprobar el acuerdo del Gobierno estadounidense y Microsoft, mientras que otro tercio han señalado que lo harán una vez se llegue a un compromiso suplementario que, según el Departamento de Justicia, no implica cambios sustanciales.

Sin embargo, otro tercio de esos estados han señalado que no lo apoyarán, ha explicado el abogado Brendan Sullivan.

Entre ellos se encuentran California y Massachusetts, mientras que Nueva York e Illinois se han mostrado favorables a aceptar el compromiso.

Phil Beck, letrado del Departamento de Justicia, ha explicado que están estudiando el acuerdo suplementario que exige un tercio de los estados, pero que las modificaciones realizadas parecen ser "clarificaciones y no cambios sustantivos al acuerdo".

Acuerdo entre el Gobierno y Microsoft

El compromiso al que llegaron Microsoft y el Gobierno estadounidense da a los fabricantes informáticos libertad para que puedan instalar en sus ordenadores un "software" diferente al de esa compañía, a la que requiere que revele parte del funcionamiento de su sistema operativo.

El acuerdo también establece la creación de un comité técnico que vigile que esos requerimientos se están llevando a cabo.

El compromiso ha sido recibido por los analistas como una victoria de Microsoft frente a un Gobierno republicano menos dispuesto que el del demócrata Bill Clinton a proseguir con una larga batalla antimonopolio.

Prácticas monopolísticas

El caso contra Microsoft tiene su origen en una demanda del Departamento de Justicia de EEUU y de 19 estados (de los que después se descolgó uno), que en octubre de 1997 acusaron al gigante informático de violar las leyes antimonopolio y de actuar de forma desleal con la competencia.

La demanda del Gobierno surgió por la imposibilidad de separar el navegador de Internet Explorer de Microsoft de su sistema operativo Windows, utilizado por más del 90% de los ordenadores de todo el mundo.

Un juez federal, Thomas Penfield Jackson, y un tribunal de apelaciones de Washington han estimado que la empresa se comportó como un monopolio, algo que Microsoft siempre ha negado, y el caso ha pasado por varios tribunales en estos cuatro años.