El PSOE acusa a la CNMV de "connivencia" en el escándalo de Gescartera
Reclama a Pilar Valiente que investigue en la propia institución las relaciones de sus técnicos con la agencia.- Un directivo de Gescartera revela que un ex trabajador de la Comisión fue empleado de confianza de Camacho
Dicha relación se ha ido revelando en los últimos días merced a las declaraciones de los testigos que han pasado por la Audiencia Nacional, donde la juez Palacios investiga la desaparición de unos 18.000 millones de pesetas procedentes de los depósitos de más de 2.000 clientes.
La última revelación la ha realizado el director comercial de Gescartera Dinero, José María Castro, quien ha asegurado que uno de los empleados de confianza del propietario de la entidad, Antonio Rafael Camacho, actualmente en prisión, fue técnico de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Castro, que ha declarado como testigo ante la juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, ha citado varias personas con las que Camacho mantenía mucha relación en Gescartera, entre ellas, Salvador Alcaraz, quien trabajó como técnico en la CNMV.
Sobre la base de ésta y otras revelaciones, el portavoz del PSOE ha achacado a la CNMV connivencia con las irregularidades y falta de diligencia en el caso, ya que tenía que haber investigado con mayor profundidad la entidad y haber impedido su conversión en agencia de valores, después de que en 1999 hubiera sido objeto de sanción. En este sentido, los socialistas también han recordado la relación de los administradores de Gescartera con el PP y con otras instituciones del Estado.
Conversión en agencia de valores
Asimismo, Cuevas ha requerido a la CNMV para que aporte el expediente de conversión de Gescartera en agencia de valores y las actas del consejo del órgano rector de los mercados en los que se trataran asuntos relacionados con esta entidad. Durante su comparecencia, Valiente ha revelado que el órgano supervisor del mercado de valores aprobó la conversión el mismo día en que impuso a la sociedad una multa de 7 millones.
El diputado socialista también ha culpado a la presidenta de la CNMV de no haber actuado correctamente y de incumplir la Ley del Mercado de Valores, lo que a su juicio demuestra que que el organismo supervisor "ha quedado en entredicho".
Cuevas ha recordado que con el caso Gescartera es la "segunda vez que se despluma a los ciudadanos utilizando la estampilla de la CNMV" -unos 2.000 ahorradores podrían haber sufrido un quebranto de 18.000 millones-, ya que la primera ocasión aconteció con el "caso AVA".
Además, ha acusado a la CNMV de no actuar con responsabilidad al permitir, en referencia al director general de Gescartera, el cantante y manager Jaime Morey, que "personas con solvencia y experiencia enorme" en el mercado de valores tuvieran competencias en la entidad.
IU. El portavoz de Izquierda Unida en esta Comisión, Francisco Frutos, ha apoyado la tesis de los socialistas y ha pedido que se investigue a fondo la responsabilidad de los cargos públicos y de los empleados de la CNMV implicados. Frutos ha apreciado "violaciones de la normativa" en la actuación de la CNMV y de los ministerios de Economía y Hacienda, lo que a su juicio da pie a responsabilidades jurídicas y administrativas.
CIU. En representación de Convergència i Unió, Heribert Padrol ha alabado la actuación la CNMV en el caso Gescartera y ha considerado que no hubo negligencia.
CC. También el grupo canario ha defencido la intervención de este organismo y ha atribuido a la auditora parte de la responsabilidad de que no se pudiera conocer la verdadera situación de Gescartera porque "no tiene otro remedio que fiarse de lo que dice la auditoría".
Operativa "legal" y "alternativa"
La declaración del directivo de Gescartera José María Castro ante la juez Palacios ha permitido conocer que numerosos clientes e inversiones captados por la presidenta y el propietario de la agencia, Pilar Giménez-Reyna y Antonio Camacho, respectivamente, figuraban en listas diferentes e individuales a las del conjunto de la entidad.
Castro creía disponer de la lista completa de los clientes de Gescartera, aunque ha precisad que, tras la intervención, descubrió que desconocía a muchos inversores que estaban en otros listados.
De hecho, ha asegurado que numerosas inversiones captadas por Camacho, Gimenez-Reyna, el apoderado, José María Ruiz de la Serna, y otras tres empresas, entre ellas AGP, no aparecían en la lista que él tenía y, algunas, tampoco en las cuentas que se presentaban a las autoridades.
Fuentes de la investigación han explicado, no en vano, que esta declaración muestra que en Gescartera existía una operativa "legal", la conocida por Castro, y otra "alternativa", que éste y los organismos supervisores desconocían hasta que se intervino la agencia.
Según el relato de este testigo, el departamento comercial vendía los productos habituales de una agencia de valores y desconocía que existieran otros clientes que, además, podían contratar depósitos estructurados, cuya comercialización sólo está permitida a los bancos y cajas de ahorros.
De hecho, el propio Castro fue uno de los perjudicados en este caso, puesto que tenía sus ahorros invertidos en la agencia y, como el resto de clientes, no puede recuperarlos por el momento.
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