Bruselas avala el régimen español de ayudas a las eléctricas

La comisión da así vía libre para que Endesa, Iberdrola, Unión Fenosa e Hidrocantábrico reciban un máximo de 9.600 millones de euros (1,6 billones de pesetas) hasta el 31 de diciembre de 2010 por un tipo de ayudas desconocidas en otros sectores.

Para tomar esta decisión, el Ejecutivo comunitario ha considerado que las modificaciones introducidas a principios de 2001 en las leyes que establecieron las condiciones de los CTC en 1997 y 1998 son suficientes para despejar sus dudas sobre la legalidad del sistema.

Los CTC fueron diseñados para compensar inversiones hechas en el pasado por las compañías eléctricas en plantas de producción y una aportación especial por la generación de electricidad con carbón nacional.

Afecta también a Holanda y Austria

Concluye así un largo contencioso entre las autoridades españolas y la Comisión Europea, cuyo responsable de Competencia, Mario Monti, planteó sus dudas sobre la compatibilidad de los CTC con la legislación comunitaria. Además, el Ejecutivo europeo también ha archivado los expedientes abiertos a Holanda y Austria, que otorgaron ayudas similares a sus compañías por abrir sus mercados en los últimos años.

La decisión de Bruselas llega después de que los servicios de Monti propusieran no plantear objeciones al régimen español, que incluye ayudas por valor de unos 10.438 millones de euros para compensar los costes "hundidos" de las eléctricas ligados a la liberalización del sector.

Originalmente, la cantidad total de CTC ascendía a casi 12.000 millones de euros, pero la modificación introducida el pasado febrero redujo las compensaciones previstas, cuyas beneficiarias son Endesa, Iberdrola, Fenosa, Hidrocantábrico, Elcogás e Hidroeléctrica de Cataluña.

Mediante un Real Decreto, el Gobierno español procedió a la eliminación del cobro de CTC mediante una cuota del 4,5% aplicada en el recibo de la luz y reinstauró el sistema de liquidación por diferencias vigente hasta 1997.

Esta modificación hizo desaparecer uno de los elementos fundamentales que planteaban dudas a Bruselas sobre la compatibilidad del sistema con lo dispuesto en el Tratado comunitario.

Un portavoz de Monti ha declarado que la Comisión Europea no reclama los CTC anteriores a la modificación de febrero ya que su valoración es que no se trata de ayudas de Estado incompatibles con el Tratado comunitario.

La Comisión Europea ha valorado además el hecho de que la figura de la "titulización" incluida en la ley de 1998 -que prevé la venta del derecho a recibir los CTC a terceras partes- no llegó a ser aplicada y que fue de hecho suspendida como consecuencia de la aprobación del Real Decreto de febrero pasado.

La Comisión Europea también ha tenido en cuenta la repercusión de una sentencia del Tribunal de Luxemburgo sobre el caso de la compañía alemana PreussenElektra, en donde se precisó que para que haya una ayuda de Estado -prohibidas en principio por la legislación- tiene que haber una transferencia directa o indirecta de recursos del Estado.

Bruselas ha expuesto también mediante un documento las líneas generales que tendrá en cuenta en el futuro para precisar si existen ayudas de Estado ilegales en relación con costes asumidos por las compañías eléctricas y no recuperables como consecuencia de la liberalización del sector.

La Comisión Europea reconoce que la caída de los precios de la electricidad ha beneficiado a los consumidores pero ha podido y puede poner en peligro la viabilidad de algunas empresas del sector por las inversiones hechas con anterioridad o por contratos firmados por ellas.