Bruselas abre expediente a Terra Mítica por las ayudas de la Generalitat valenciana

La decisión del Ejecutivo comunitario se debe a una denuncia presentada en agosto de 1997 por la Federación Europea de Parques de Atracciones, a la que después se añadieron otras quejas.

La Comisión Europea considera que "algunas de las alegaciones del demandante no estaban fundadas, aunque estima que otras de las medidas mencionadas si podrían constituir ayudas estatales, cuya compatibilidad habría que demostrar".

Bruselas duda de que esas subvenciones sean conformes con las disposiciones del Tratado de la UE en materia de ayudas de Estado.

La Comisión Europea ha analizado en concreto tres avales que la Generalitat habría concedido para la construcción de Terra Mítica. El primero se refiere a un crédito bancario sindicado de 18.500 millones.

El segundo, corresponde a un préstamo subordinado de 8.000 millones que Terra Mítica no está obligada a devolver hasta que se hayan pagado los otros créditos. Este préstamo se concedió a través de la Sociedad Pública Parque Temático de Alicante (SPPA), a través de la cual, la Generalitat participa en Terra Mitica.

El tercer capítulo de subvenciones bajo examen es un crédito de urgencia de 2.400 millones por incentivos regionales que se toman de los fondos que la Comunidad Valenciana recibe a través de los fondos estructurales de la UE.

Expediente por Rio Tinto

La Comisión también ha abierto procedimiento un expediente contra España por las ayudas a la reestructuración aprobadas en favor de Minas de Rio Tinto Sal (en Huelva) , ya que duda de su compatibilidad con la legislación en contra las ayudas de Estado.

En febrero del pasado año, la Comisión aprobó una ayuda de salvamento bajo la forma de una garantía acordada por la Junta de Andalucía para préstamos por valor de 1.500 millones de pesetas en favor de Minas de Rio Tinto, compañía que se ocupa de la extracción de cobre, oro y plata.

En octubre de este mismo año, España sometió un nuevo plan de reestructuración para la empresa, y en enero notificó a Bruselas la ayuda que iba a atribuir a la empresa bajo la forma de un préstamo de 1.000 millones de pesetas a través del Instituto de Crédito Oficial.

Asimismo, en febrero de 2001 informó a la Comisión que la garantía de la Junta de Andalucía se mantendría en vigor hasta finales de 2003. Según el plan de reestructuración, la viabilidad futura de la empresa se funda exclusivamente sobre la hipótesis de un incremento substancial de los precios del cobre durante el periodo 2000-2005.

Por ahora, "esta hipótesis no se ha materializado y la empresa ha continuado acumulando pérdidas, lo que no ha hecho más que empeorar su situación financiera", señala en un comunicado el Ejecutivo.

A la luz de la volatilidad del mercado de metales, la Comisión duda de que las hipótesis del plan sean "realistas" y que su puesta en marcha permita restaurar la viabilidad a largo plazo de la empresa en plazo razonable, como lo prevén las líneas directrices comunitarias para ayudas de Estado al salvamento y a la reestructuración de empresas en dificultad.

Además, la empresa no aporta ningún tipo de ayuda a la reestructuración, tal y como establecen estas directrices.