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CARBURANTES

Defensa de la Competencia multa a Cepsa con 200 millones de pesetas

El tribunal acusa a la petrolera de fijar los precios de las estaciones de servicio vinculadas a ella por contratos de comisión o agencia.-La resolución afecta al 20% de las estaciones de servicio de Cepsa

La petrolera Cepsa ha sido multada hoy con 200 millones de pesetas por el Tribunal de Defensa de la Competencia (TDC), por incurrir en practicas prohibidas en la Ley de Defensa de la Competencia a la hora de fijar precios con sus distribuidores.

Según la resolución del TDC, se "intima" a Cepsa y a su filial Cepsa Estaciones de Servicio, "para que cesen inmediatamente en dicha práctica" de fijación de precios en las relaciones con las estaciones de servicio con las que se encuentran vinculadas a la petrolera por contratos de "comisión o agencia", tal como se han analizado en este expediente.

El TDC también ordena a Cepsa la publicación, en el plazo de dos meses, de la parte dispositiva de esta resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y en la sección de economía de uno de los diarios de información general de los de mayor circulación de ámbito nacional.

Por otra parte, la resolución declara "no acreditadas las demás infracciones imputadas por el Servicio de Defensa de la Competencia a las compañías expedientadas".

Fuentes de Cepsa han destacado que esta resolución del TDC no es unánime, ya que ha contado con tres votos particulares, y han anunciado que, aunque todavía la resolución está en fase de análisis, "las primeras conclusiones apuntan a que se va a recurrir" por la vía de lo contencioso-administrativo.

Cepsa deberá justificar ante el Servicio de Defensa de la Competencia el cumplimiento de lo ordenado en la resolución, contra la que no cabe recurso en vía administrativa -según el TDC-, aunque sí por la contencioso-administrativa ante la Audiencia Nacional, en un plazo de dos meses contados desde la notificación de esta resolución.

Afecta al 20% de las estaciones de servicio de Cepsa

Para la segunda petrolera española, esta resolución del TDC, compuesto por nueve miembros, afecta al 20% de las 1.760 estaciones de servicio que Cepsa tiene repartidas por toda España.

Pese a la intención de recurrir la resolución por la vía de lo contencioso administrativo, si al final del proceso se mantienen los criterios de la misma, "Cepsa cambiará lo que tenga que cambiar", han dicho las fuentes informantes.

Según la petrolera, el contrato que ahora denuncia el TDC, es con el que ésta ha funcionado habitualmente, responde a un modelo general en el sector y es un contrato-tipo, tanto en España, como en la mayoría de los países de la Unión Europea.

El portavoz de la petrolera ha manifestado que la divergencia principal reside en que Cepsa siempre ha interpretado esta relación desde la perspectiva de un contrato de comisión, mientras que el TDC piensa que no es un contrato puro por los supuestos riesgos que asume la gasolinera.

La resolución del TDC, a juicio de las fuentes de Cepsa, "pone en suspenso el sistema de contratos de concesión en cualquier sector.

Fuentes de Repsol han asegurado que no han recibido esta resolución, que no será hecha pública por el TDC hasta la semana que viene, según este organismo.

La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio fue la que denunció la presunta ilegalidad de los contratos de suministros en exclusiva de las gasolineras por parte de Repsol y Cepsa.

Esta denuncia fue admitida a trámite por el Servicio de Defensa de la Competencia el 26 de agosto de 1999, que posteriormente lo envió al TDC para que decidiera si imponía multas a las petroleras.

El Servicio consideró que los contratos con las gasolineras eran muy largos, en contra del reglamento de la Unión Europea, y distinguía entre contratos de comisión (que puede fijar el precio final la petrolera) y los de agencia (no puede fijar el precio).

En su opinión, muchos de los contratos de Repsol y Cepsa no eran de comisión, por lo que no podían fijar el precio.

Según las estaciones de servicio, en los contratos que las petroleras les ofrecen aparecen como comisionistas y no como revendedores, un trato que -en su opinión- vulnera la normativa comunitaria.

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