Airtel recurre la tasa fijada por el Gobierno para el uso del espacio radioeléctrico

A finales de marzo las operadoras de telecomunicaciones y las empresas que utilizan espectro radioeléctrico comenzaron a recibir la liquidación de la tasa que en el caso de Airtel supone el pago de más de 38.000 millones de pesetas por las licencias de GSM 900 y de 1800 y por la de UMTS.

Las mismas fuentes de Airtel han señalado que la semana que viene depositarán en Hacienda el aval bancario por la citada cantidad en lugar de hacer efectivo el pago de la tasa, a la espera de la decisión del Tribunal Económico Administrativo Central. Los operadores que tienen que pagar la tasa han anunciado que la recurrirán y que presentarán un aval bancario.

Todos los departamentos jurídicos de los cuatro operadores -Telefónica Móviles, Airtel, Amena y Xfera- estudiaron a finales de marzo la fórmula que emplearían para evitar pagar la tasa. Casi todos coincidían entonces en que, en primer lugar, pedirían el aplazamiento del pago a la Agencia Tributaria, para lo que habrían de aportar un aval bancario por el total del importe de la tasa. Posteriormente, podrían optar o bien por interponer un recurso administrativo ante el Tribunal Económico Administrativo o elegir la vía de la justicia ordinaria, e incluso recurrir al Tribunal Constitucional.

Hace 10 días la ministra de Ciencia y Tecnología, Anna Birulés anunció que la revisión de la tasa por el uso del espacio radioeléctrico podría fijarse en el medio plazo, en lugar de hacerse anualmente, para dar mayor seguridad al sector. De esta manera, Birulés trataba de suavizar el contenido de la polémica tasa.

A finales de marzo la Comisión Europea lanzó una advertencia al Gobierno español al considerar que la nueva tasa que se aplica en España a los operadores de telefonía móvil de tercera generación (UMTS) para usar el espacio radioeléctrico es una medida que genera incertidumbre y pone en peligro las inversiones futuras de las compañías de telecomunicaciones.

La carga financiera, superior a la prevista, que tendrán que soportar las operadoras de telefonía móvil y el riesgo de que existan diferentes normas legales en cada país comunitario cuestionan el liderazgo de la Unión Europea (UE) en este sector.

El espacio radioeléctrico

El valor del espacio radioeléctrico se ha incrementado considerablemente en los últimos meses. El Gobierno español adjudicó en marzo pasado, a través de concurso, cuatro licencias de telefonía de tercera generación por 87.000 millones de pesetas.

Meses después, Alemania y el Reino Unido recaudaron 8,4 billones y 6,3 billones, respectivamente, a través de subastas. La diferencia forzó al Ejecutivo español a imponer un canon a modo de compensación.

Las estimaciones realizadas por la Comisión muestran con claridad que, si en el momento de la concesión de licencias UMTS en España se pagó 13,3 euros (2.213 pesetas) por habitante, el coste para los operadores pasará a 361 euros (52.578 pesetas) por habitante tras la aplicación de la tasa. España pasa así de ser el país con el precio más bajo pagado al tercero más caro de la UE, por detrás del Reino Unido (652 euros) y Alemania (620 euros).