"Carlos Fabra utilizó sus préstamos hipotecarios para blanquear dinero"

La Unión de Consumidores de España (UCE), acusación popular en el Caso Fabra, defiende en su escrito de conclusiones remitido al juzgado que instruye la causa en la localidad castellonense de Nules que el todavía presidente provincial del PP en Castellón, Carlos Fabra, firmaba hipotecas y créditos como una forma de blanquear dinero. La UCE basa sus afirmaciones en el informe que los peritos de Hacienda presentaron por orden del juzgado, del que se desprende que en nueve años la familia Fabra logró 33 préstamos en una decena de entidades bancarias por un importe total de más de cinco millones de euros.

Según la UCE, Fabra pagaba las cuotas de sus hipotecas en metálico con el dinero que había recibido por su mediación ante los ministerios de Agricultura y Sanidad para legalizar los fitosanitarios que después vendía junto a su socio Vicente Vilar. Presuntamente, claro.

Los peritos de Hacienda detectaron que entre 1995, año en el que Carlos Fabra accedió a la presidencia de la Diputación de Castellón, y 2004, cuando concluyeron sus investigaciones, el mandatario provincial había suscrito créditos e hipotecas con Bancaja, CAM, BBVA, Caixa Catalunya, Caixa Galicia, Cajamadrid, Ruralcaja, La Caixa, el BSCH, IberCaja y Banco de Valencia.

El matrimonio Fabra obtuvo entre 2002 y 2004 créditos por un total de 2,3 millones, en los que subsumió otros préstamos. Para hacer frente a las cuotas de estos, el presidente del PP de Castellón y su esposa contaban con unos ingresos brutos de 10.000 euros al mes, según el informe pericial. Los bienes e ingresos en efectivo del matrimonio, según los expertos de Hacienda, "en modo alguno se corresponden con la renta y el patrimonio declarado". Los peritos explicaron que la mayoría de los ingresos en los bancos realizados por Fabra se hacían en billetes de "100, 200 y 500 euros".La UCE recuerda que la Audiencia Provincial de Castellón no descartó la existencia de un supuesto delito de blanqueo de capitales en un auto emitido a finales del año pasado, aunque los magistrados instaron a solicitar la apertura de otro procedimiento para perseguir esta causa, en la que los supuestos responsables serían Carlos Fabra, los directores de siete oficinas bancarias castellonenses y el empresario Antonio Bonet, que pagó un crédito solicitado por el presidente provincial en el que participaron como avalistas el propio Bonet y el presidente del Villarreal CF, Fernando Roig.

La UCE ha intentado en varias ocasiones que el proceso abierto contra Fabra por cohecho, tráfico de influencias y cuatro delitos fiscales se amplíe también al blanqueo de dinero. La acusación sostiene que Fabra lavaba el dinero negro que recibía del empresario Vicente Vilar como pago por sus favores políticos al destinarlo, presuntamente, a abonar las cuotas de sus numerosos préstamos e hipotecas. Unos ingresos en los bancos que en ocasiones, según los peritos de Hacienda, se hacían "en fajos" de billetes de 500 euros y que llegaron a efectuar los chóferes del mandatario provincial, quienes admitieron ante el juzgado de Nules que llevaron "bastantes veces" a los bancos "sobres cerrados" con dinero.

"No cabe duda de que todos estos movimientos económicos con ingresos multimillonarios en efectivo en cuentas corrientes no hubieran sido posibles sin la estrecha colaboración de los directores de las oficinas bancarias donde operaba el señor Fabra y con seguridad de algún superior de las mismas", insistió la acusación. En respuesta a esta solicitud, la Audiencia de Castellón no admitió la imputación de los siete directores pero dejó abierta la posibilidad de abrir un nuevo procedimiento, es decir, presentar una nueva querella contra ellos y el propio Fabra.

En el caso de Bonet, la acusación sostiene que fue un "falso avalista" y que el único fin fue que el empresario se hiciera cargo del pago "dándole de esta forma una cierta apariencia de legalidad, cuando en realidad no era más que el pago debido por algún favor o algún negocio oculto". La Audiencia tampoco admitió la imputación de Bonet, pero también dejó abierta la posibilidad de imputarle en otra causa.

Por otra parte, el titular del juzgado de Nules que instruye el caso, Jacobo Pin, anunció ayer que ha iniciado el procedimiento de embargo de los bienes de Carlos Fabra y de su exesposa, María Amparo Fernández, como pago por las fianzas impuestas, de 4,2 millones y 800.000 euros, respectivamente, que ninguno de los dos abonó en el plazo inicialmente previsto.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, tanto Fabra como Fernández han presentado al juzgado un listado de bienes susceptibles de ser embargados y el juez ha comenzado a tasarlos y a comprobar que cubren las cantidades exigidas.

Según los peritos de Hacienda, entre 1999 y 2004 Carlos Fabra y María Amparo Fernández ingresaron un total de 8,3 millones de euros en efectivo, cheques y transferencias bancarias, de los que no han podido justificar 3,3 millones.