El Gobierno acelera las fusiones para reactivar el crédito y la economía

No valió la primera reforma, tampoco la segunda y ahora llega el tercer intento. El Gobierno del PP aplicará una medicina de choque al sistema financiero para evitar el colapso del crédito y, por tanto, la ruina de empresas y familias. El Ministerio de Economía exigirá unos 50.000 millones a las entidades financieras para que saneen sus inversiones inmobiliarias, pongan los pisos a la venta, ganen la credibilidad perdida en los mercados internacionales, obtengan crédito y lo transmitan a los clientes.

El primer intento del Gobierno de Zapatero fue la creación del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), el fondo de rescate. Se inyectó capital, pero solo sirvió para financiar los despidos y los cierres de oficinas de las entidades que protagonizaron fusiones de baja intensidad. Al año siguiente se exigió mayores niveles de capital, lo que aceleró fusiones, pero no fue suficiente para recuperar la credibilidad y alejar la sospecha de que las entidades están hasta arriba de suelo, pisos y promociones imposibles de vender, con precios inflados.

Las que pidan dinero público deberán mantener el nivel de crédito

Las entidades tienen cuatro meses para presentar sus planes de fusión

El problema es que los inversores internacionales no se creen los balances bancarios y la prima de riesgo (el diferencial entre el bono español y el de Alemania) no baja de los 300 puntos. Mientras siga en estos niveles, la banca española no obtiene crédito, y por tanto no financia a la economía.

Ante este colapso, ha llegado la exigencia de poner unos 50.000 millones, el doble del beneficio de explotación que obtiene el sector en un año en España. El dinero puede venir de los beneficios o del capital. "Desde 2008, el sector ha provisionado 66.000 millones, por lo que esta medida supone hacer en un año lo mismo que en los tres últimos", comentó el ministro de Economía, Luis de Guindos. "Es el proceso de saneamiento más intenso de la UE, pero es asumible por el sector", dijo.

La medida es drástica porque el problema ha tomado gran tamaño tras la burbuja. Los activos inmobiliarios y créditos al sector promotor de la banca ascendían a 323.000 millones a 30 de junio de 2011, de los que 175.000 son potencialmente problemáticos. De ellos, 88.000 millones están en suelo y promociones y 87.000 millones en promociones terminadas y viviendas adjudicadas.

Pese a la confianza de Guindos en que está al alcance de las entidades, algunas arrastran años de crisis y sus exiguos beneficios no les permitirán cumplir lo pedido en un solo año. Estas deberán buscar una fusión y pedir ayudas al Estado. El instrumento que utilizará el Gobierno es viejo. Ha reactivado el fondo de rescate (FROB) de 2009, que tanto criticó cuando lo creó el Ejecutivo anterior. El socorro llegará vía unos activos de renta fija (bonos convertibles contingentes) que se pueden convertir en acciones si la entidad entra en pérdidas o su nivel de capital es insuficiente. Las que sean ayudadas pagarán un tipo de interés de mercado, cercano al 8%. El Gobierno reforzará el capital del FROB desde los 9.000 millones hasta los 15.000 millones mediante una emisión de deuda.

Estos 6.000 millones se contabilizarán como deuda pública, pero no será déficit porque el Estado ganará dinero con la operación, según Economía. "¿Y si la entidad ayudada entra en pérdidas?", se le preguntó al ministro: "No sé lo que va a pasar en 150 años", respondió.

Para que una fusión sea válida tendrá que elevar su tamaño en un 10% (en casos excepcionales) o un 20%. Las entidades fusionadas tendrán que someter su plan de negocio y los sueldos de los ejecutivos a la vigilancia del Gobierno y del Banco de España. Incluso se comprometerá a mantener, como mínimo, el volumen de crédito. Ahora está cayendo entre un 5% y un 10%, dependiendo de las entidades.

Tras la inyección de 50.000 millones, los créditos en suelo quedarán provisionados en un 80%; las promociones en curso en un 65%, y la promoción terminada y la vivienda, en un 35%. Además, se exigirá una provisión genérica del 7% sobre los créditos a promotores aunque estén al corriente de pago. Para pagar esta factura, las entidades podrán usar las provisiones genéricas, aquellas que no están asignadas a morosos.

¿En qué consiste hacer una provisión? Hasta ahora, los bancos y cajas que han otorgado créditos para la compra de suelo, pisos y las promociones tienen cubiertos los préstamos en un porcentaje muy pequeño, entre el 31% y el 25%. De esta forma, cuando las entidades ponen a la venta el suelo o los pisos solo los rebajan un tercio del precio que ya han dotado en sus balances. Si lo hicieran en más, incurrirían en pérdidas.

Ese es el margen que tienen para bajar los precios. "Esto facilitará la salida de estos activos a precios más baratos, que se asemejarán más a los de mercado. Los ciudadanos que quieran comprar viviendas se beneficiarán de esta medida", comentó Guindos. Si llega este bajón de precios, los propietarios de pisos serán conscientes de su pérdida de riqueza y las inmobiliarias tendrán que realizar fuertes ajustes.

El plazo para hacer estos cargos acaba el 31 de diciembre de 2012. Solo en el caso de que se plantee una fusión, el Gobierno concederá una prórroga hasta diciembre de 2013. Los que se unan, tendrán que presentar su plan de negocio ante Economía antes del final de mayo y recibir la aprobación. El temor en el sector es que se produzcan muchas fusiones y el mercado quede en manos de unos pocos. Guindos lo descartó, aunque dijo desconocer cuántas entidades quedarán vivas en el sector.

El Santander y el BBVA ya han asegurado que realizarán todos cargos este año. Bankia "cumplirá las nuevas provisiones sin necesidad de fondos públicos". El grupo BMN también dijo que cumplirá lo marcado. Novagalicia Banco cree que puede seguir con su proyecto en solitario. Banca Cívica cifró en 651 millones las provisiones necesarias y dice no necesitar fondos públicos.

La patronal bancaria, AEB, apoyó que el Gobierno busque crear "entidades fuertes y rentables a través de fusiones reales". La estrategia "es acertada, siempre que ello suponga la resolución de las entidades inviables". Las cajas, a través de la CECA, valoraron la reforma y esperan que sea el final del proceso. Alfonso García Mora, socio de AFI, considera que va en la dirección adecuada, pero "no será suficiente para reactivar el crédito. Falta cubrir los créditos a pymes y hogares, es decir, más capital". Santiago Carbó, catedrático de la Universidad de Granada, apuntó: "Es importante la reforma, pero habrá que detallar más las cifras para ver cuál es el deterioro final porque las provisiones son dinámicas y se habrán deteriorado con el ciclo".