El PP se parapeta en la filtración anónima de documentos de los ERE

El PP ha sido uno de los actores protagonistas de la puesta en escena del caso de los ERE. No solo por su papel como principal partido de la oposición y, por tanto, el más insistente denunciante del escándalo, también se ha adelantado en varias ocasiones a la investigación judicial con documentos reservados salidos directamente de la Junta, que ha ido administrando en capítulos. Después de que la Consejería de Economía haya expedientado al exdirectivo de la agencia Idea Manuel Blanco (ahora director de Mercasevilla, nombrado por Juan Ignacio Zoido) por la supuesta sustracción de las actas de esta empresa pública, el PP no ha dejado de echar balones fuera respecto al origen de la información que le llega. Para esquivar la acusación de instigar un posible caso de espionaje político, el secretario general de los populares andaluces, Antonio Sanz, insistió ayer en que sus fuentes son "anónimas". "Tenemos miles de formas de enterarnos. Se podría hacer una liga de fútbol entera con los topos que hay en la Junta", dijo.

Sanz se desvinculó de Blanco y aseguró que los documentos que él mismo mostró en una conferencia de prensa el pasado septiembre -las actas del consejo rector de Idea que presuntamente copió el ahora director de Mercasevilla antes de irse- fueron enviados a la sede de su partido en un sobre sin remitente y con matasellos de la localidad sevillana de Salteras entre abril y mayo. "La Junta suma uno más uno y dice que son dos, pues no, se equivoca, el tiro está equivocado, pero no está mal que se haya equivocado porque así podemos seguir recibiendo información", ironizó.

A partir de esas actas, Sanz acusó al exconsejero de Empleo José Antonio Viera de entregar 38 millones de euros en ayudas a empresas amigas y ayuntamientos del PSOE.

Manuel Blanco pertenecía al equipo que creó la agencia Idea, integrado por cinco empleados de máxima confianza, para indagar en el caso de los ERE. En su ordenador, según la investigación ordenada por la Consejería de Economía, se han hallado rastros del copiado de las actas y también de haber intentado infructuosamente eliminar las huellas. Pidió la excedencia a finales de julio y en septiembre el popular Juan Ignacio Zoido lo nombró director de Mercasevilla.

Antonio Sanz considera ridículo que la Junta trate de averiguar el punto de fuga de la información confidencial. "Si supiera los focos que tiene abierto, estaría todo el día intentando taponarlos", dijo, al tiempo que calificó de "vergüenza" que el Gobierno andaluz se "dedique a perseguir a los que denuncian el caso en lugar de a los que han robado el dinero de los parados".

El popular bromeó constantemente con los reproches del PSOE a su partido por estar detrás de una operación de espionaje político. "Nos llegan kilos de datos y queda el 80% de lo ocurrido por descubrirse. Veo a los socialistas muy nerviosos, obsesionados con los topos. ¡Pues anda que no hay! Podríamos hacer una liga de fútbol entera con los topos de la Junta", señaló.

El portavoz parlamentario del PSOE, Mario Jiménez, preguntó si existe "un fondo de reptiles" en el PP para financiar a colaboradores "en procesos oscuros y mafiosos" y apuntó al líder del PP, Javier Arenas. "Tiene que explicar si hay una vinculación con el robo de documentos y si dio instrucciones para que el alcalde de Sevilla tirara de un fondo para contratar a este colaborador [Blanco] en esta circunstancia extraña, que puede ser constitutivo de un delito muy grave".

El miércoles, tanto Arenas como la secretaría general del PP, Dolores de Cospedal, recurrieron a la frase hecha de que la Junta pretende "matar al mensajero" para contestar sobre su implicación en la investigación que puso en marcha la Consejería de Economía. Mientras que el andaluz habló de fuentes anónimas y de que el Gobierno de José Antonio Griñán quiere "cortar los canales que llevan a la verdad", Cospedal se detuvo más en el caso de Blanco. "Eso de que se intente matar al mensajero cuando se sabe que el mensaje que lleva es verdad es una cosa bastante curiosa", respondió.

Manuel Blanco, quien en una nota ha negado todos los hechos y sostiene que Idea ya no le puede expedientar porque no mantienen ninguna relación laboral, tendría hasta el día 10 para alegar. La Junta no descarta denunciar ante los tribunales la sustracción de los documentos.