Los conservadores reclaman las actas de los 'consejillos' que presidió Gaspar Zarrías

El PP andaluz sigue apuntando e intentando extender las responsabilidades sobre el caso ERE, el uso fraudulento de los fondos públicos destinados a ayudar a empresas en crisis. La portavoz del PP, Rosario Soto, anunció ayer que su formación solicitará por vía judicial las actas de los consejillos, las reuniones preparatorias de los Consejos de Gobierno, dirigidas por el exconsejero Gaspar Zarrías, último secretario de Estado de Política Territorial.

Los populares consideran que la supuesta participación del exdirigente andaluz sería una "prueba evidente" de la implicación de "todos los Gobiernos" de la Junta en los ERE.

Soto ha justificado la nueva petición judicial del PP en el caso en que está "convencida" de que las actas son "importantes para la investigación y para conocer la verdad de los ERE". "Hasta en ocho ocasiones fueron retirados los intentos de modificación de normas", afirmó para avalar sus sospechas.

Soto también cuestionó que el Gobierno andaluz haya salido en bloque a defender al actual director general de Trabajo, Daniel Rivera, el último imputado por la juez del caso, Mercedes Alaya. Según el PP, Rivera ha seguido "el mismo procedimiento irregular que se seguía anteriormente", un procedimiento "de dudosa legalidad".

Para argumentar sus acusaciones, entregó un documento que muestra una orden de pago a Springer, a la que ha sumado otras tres a las empresas Calderinox, Surcolor y Acyco (en este caso con pagos a "otros asesoramientos" y no a los trabajadores) firmadas por Rivera. "Exactamente con el mismo procedimiento que se ha utilizado con el fondo de reptiles, para el cual no tenía competencias", subrayó Soto.

La portavoz popular aseguró que el actual presidente de la Junta, José Antonio Griñán, tendrá que explicar por qué respalda a un director general imputado. "La única obsesión [del Gobierno andaluz] es tapar la verdad y mentir sistemáticamente. Están intentando apretar la tapadera del escándalo, pero la tapadera salta por sí sola y cada vez más alta", insistió Soto, en línea con los intentos del PP de extender las responsabilidades.

Con la imputación de Rivera, según la portavoz del PP, los escándalos "son cada vez más de hoy en lugar de ayer". "La Junta, el Gobierno de Griñán y el PSOE tratan de ocultar la verdad, se ha ido viendo a lo largo de todo el procedimiento", volvió a decir Soto.

La dirigente popular también dio por válida la declaración del principal imputado, el ex director general de Trabajo Javier Guerrero, y los testimonios recogidos por la Guardia Civil que apuntan a que "se destruyeron pruebas". "Posiblemente se estuvieron elaborando nuevos documentos, por lo que no solamente se destruye, sino que se trata de elaborar nuevos documentos para tapar el escándalo", afirmó Soto para asegurar que se ha dado una "obstrucción a la justicia permanente".