Fernández se aleja de los duros del PP y ofrece generosidad a presos de ETA

"Una nueva orientación consensuada, dinámica y flexible de la política penitenciaria, de la forma que mejor propicie el fin de la violencia", decía la resolución que en noviembre de 1998 el entonces presidente, José María Aznar, hizo aprobar en el Congreso para acompañar su diálogo con ETA. El pasado septiembre, el lehendakari, Patxi López, repitió esa misma expresión en el Parlamento vasco entre críticas de la derecha, y ayer el nuevo ministro del Interior, Jorge Fernández, prácticamente la repitió en su primera comparecencia en el Congreso.

Ante la Comisión de Interior, Fernández utilizó frases como "andaremos este camino con amplitud de miras y con sentido de Estado", "nos ha tocado gestionar el final de ETA" y "vemos la luz al final del túnel", aunque mantuviera algunas dudas sobre las intenciones de la banda terrorista hasta que entregue las armas. Y aunque dijera que "la verdadera prueba de que los violentos y quienes les apoyaron han decidido terminar con sus actividades de forma definitiva y no meramente táctica es reconociendo el daño que han causado a las víctimas y mostrando el arrepentimiento por haberlo hecho, es decir, pidiendo perdón".

Advierte al portavoz de Amaiur que es "inmoral" hablar de "presos políticos"

Anuncia medidas para elevar las penas por pequeños robos y hurtos

Pero en todo momento ofreció consenso y la posibilidad de aplicar la ley para acompañar ese final de ETA, con una palabra repetida con toda intención y subrayada y en mayúscula en el discurso que repartió: "Generosidad". Es decir, contrición, arrepentimiento y perdón, como corresponde a las creencias religiosas del ministro, pero muy lejos de las posiciones más radicales del PP y de su entorno que exigen ser inflexible.

Fernández condicionó cualquier paso a las peticiones de perdón y al arrepentimiento individual de los terroristas, pero aseguró que la ley penitenciaria puede aplicarse de forma flexible y discrecional, aunque no arbitraria. "Vamos a impulsar la reinserción de los presos de ETA de forma individualizada", precisó.

Su tesis es que ETA mantiene la presión sobre sus reclusos para que, por ejemplo, el 95% de ellos se niegue a pedir beneficios penitenciarios. "Sabemos la importancia que tiene la política penitenciaria, y por ello tenemos que actuar con inteligencia, midiendo cada paso, buscando el máximo consenso para lograr entre todos que los que hoy siguen estando sometidos a la banda terrorista den los pasos que otros han dado y la ley se pueda aplicar con toda la generosidad". Acompasó ese discurso con el recuerdo de las víctimas, el compromiso de "luchar contra la impunidad" y esclarecer todos los delitos, y con el anuncio de que reducirá los escoltas que, en este momento, ocupan a 2.668 agentes.

Con matices, recibió apoyo de casi todos los grupos, porque entre las reiteraciones de la palabra consenso, Rosa Díez (UPyD) insistió en la ilegalización de formaciones abertzales e IU advirtió de su oposición a aplicar la ley de partidos. El socialista Antonio Hernando hizo explícito su apoyo sin fisuras al Gobierno en la lucha antiterrorista. El único enfrentamiento fue el insólito intercambio de frases con el portavoz de Amaiur, Iker Urbina. En el primer cara a cara entre un diputado abertzale y el ministro del Interior, el primero habló de "represión", de "presos políticos", de "más de lo mismo" y de "legislación de excepción". Fernández le respondió contundente calificando de "inmoral e indecente" que se hable de presos políticos y exigiéndole que condene a ETA.

En la otra parte de su intervención, el ministro mostró dureza y firmeza frente a la delincuencia, sobre todo la de los pequeños hurtos y robos cometidos de forma reincidente. El hecho de que sea el ministro del Interior y no el de Justicia el que anuncie las reformas legales ya muestra una posición ideológica, porque no pone el acento en la prevención o esclarecimiento, sino en el tratamiento penal. Eso se traduce en acabar con lo que tachó de "escasa repercusión penal" de los llamados delitos menores, como hurtos, robos con fuerza en los bienes de escaso valor, es decir, los tirones o el robo de vehículos.

Según dijo, hay "sensación de impunidad" y, por eso, se propone cambiar la ley. Por ejemplo, para aplicar "medidas de prisión provisional y localización permanente para los casos de habitualidad en el delito, y medidas cautelares e inmediatas para los supuestos de multirreincidencia (más de dos delitos) incluyendo la prisión provisional". Esta posibilidad ya existe para delitos, siempre que haya antecedentes penales. Ahora, el Gobierno planea que la reiteración de faltas se inscriba como delito, es decir, que dé lugar a antecedentes y, por tanto, a la posibilidad de aplicar prisión preventiva. En este momento, para pedir o acordar una prisión provisional el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal exige que el delito cometido tenga pena superior a dos años de prisión o pena inferior a dos años si el imputado tiene antecedentes penales. El robo con fuerza es castigado con pena de prisión de uno a tres años y, por tanto, entra en esos supuestos. Los hurtos tienen pena inferior a dos años, pero por la reiteración es posible aplicarles la prisión provisional.