Los ERE más allá de Guerrero

La declaración ante la Guardia Civil de Javier Guerrero, director general de Trabajo de la Junta de Andalucía entre 1999 y 2008 y principal imputado en el escándalo de los ERE fraudulentos, contiene mentiras clamorosas, medias verdades, insinuaciones que buscan sembrar dudas y verdades que la instrucción judicial ha comprobado.

En sus explicaciones, el ex alto cargo demuestra tener una memoria selectiva, con episodios que detalla de forma literal y enormes lagunas. Que Guerrero sostenga que se limitaba a hacer propuestas de ayudas, pero que no concedía el dinero, no se compadece con la realidad. Las pruebas en su contra son abrumadoras (¿se limitó a proponer la inclusión de su suegra como intrusa y las ayudas de 900.000 euros a su chófer o son decisiones que tomó él?). Que Guerrero diga que le han dicho que en la Consejería de Empleo se ha destruido documentación, sin aportar nombres, tras su salida es una afirmación que hay que poner en cuarentena y que más bien parece encaminada a justificar por qué numerosas ayudas que concedió se hicieron sin un expediente correctamente tramitado (en algún caso, directamente sin papeles). Que Guerrero afirme que le "extrañaría" que el Consejo de Gobierno no conociera el procedimiento con el que se daban las ayudas no pasa de ser una suposición que persigue tirar por elevación... Y así, más.

El empeño de la Junta por situar el límite de la responsabilidad en el ex alto cargo no se sostiene

El ex director general solo admite abiertamente haber incluido intrusos, aunque justifica el hecho incontestable en la precaria situación económica que sufrían los solicitantes, presentándose casi como una ONG. Dicho esto, el testimonio de Guerrero ante la Guardia Civil forma parte de una legítima estrategia de defensa con la que procura minimizar sus responsabilidades y poner el foco sobre otros muchos actores de la trama.

En este punto, la investigación judicial está demostrando que Guerrero no actuó en absoluto en solitario. No resulta creíble que en una red corrupta en la que la juez implica, además de a cargos públicos, a intrusos, bufetes de abogados, intermediarios, brokers, sindicalistas o empresarios, Guerrero hiciese los tejemanejes a espaldas de sus superiores jerárquicos en la consejería ¡durante nueve años!

El empeño de la Junta de Andalucía por situar el dique de contención de la responsabilidad en la dirección general que dirigía Guerrero no se sostiene. Y por acción u omisión, quienes tuvieron a sus órdenes a Guerrero casi una década (con los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera a la cabeza) tienen una responsabilidad evidente en el caso. Viera y Fernández, firmantes del convenio que permitió poner en marcha el fondo por el que se ha escapado indebidamente demasiado dinero público, deben una explicación coherente de por qué germinó la corrupción en la Consejería de Empleo. Argumentar que no sabían lo que hacía Guerrero ya no sirve.

Y el Gobierno de José Antonio Griñán, que gestiona la herencia envenenada del fraude de los ERE, debería hacérselo saber.