La oposición pide gestos políticos

Los partidos de la oposición han pedido responsabilidades políticas al Gobierno andaluz, después de que la juez que investiga en caso de los ERE fraudulentos, Mercedes Alaya, haya imputado a los dos sucesores de Javier Guerrero en la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía. El coordinador de IU, Diego Valderas, dijo que si Alaya ha hecho esto con tres cargos medios, "se está al límite de imputar y señalar claramente a más altas instancias del Gobierno andaluz".

"Hay una responsabilidad o irresponsabilidad del Gobierno andaluz por acción u omisión. Hablar de un dispendio intencionado es tanto como asegurar que ha habido corrupción consentida, o una permisividad ante la corrupción por una ordenación de pagos injustificada", añadió. Según el candidato de IU, el asunto empieza a "tomar alcance" y a parecerse a una "cueva de Alí Babá", a la vez que resulta evidente que ha habido una dejación del "necesario control y fiscalización que tienen que tener los fondos públicos y, máxime, en la Consejería de Empleo".

El izquierdista subrayó que el caso de los ERE "engorda en la medida en que se profundiza". "Aunque siempre haya que presuponer la presunción de inocencia, esto empieza a ponerse de color negro y las implicaciones se amplían", dijo.

El PP fue mucho más lejos en la lectura de la evolución del caso judicial. El secretario general de este partido, Antonio Sanz, consideró que la declaración de Javier Guerrero -que volvió el jueves a salpicar a los exconsejeros Antonio Fernández y José Antonio Viera- "demuestra" que el presidente andaluz, José Antonio Griñán, y su antecesor, Manuel Chaves, "están implicados hasta las cejas en el escándalo".

"La declaración de Guerrero demuestra que el sistema del fraude de fondos de reptiles y los ERE es un invento de la cúpula del PSOE que nos ha costado 1.000 millones", aseveró. También pone de manifiesto, según él, que durante 10 ó 12 años lo ha utilizado "todo el que pasaba por allí".

La interpretación que se puede hacer de la declaración de Guerrero, agregó Sanz, es que "implica a todo el Gobierno andaluz", y la responsabilidad "elevada al máximo nivel del Gobierno convierte al señor Griñán, no en una víctima, sino en el actor principal junto a Chaves".

Por su parte, el Gobierno central opinó que debe ser Griñán quien tome las decisiones respecto a presuntas implicaciones políticas de excargos de la Junta en el caso de los ERE. Preguntada la vicepresidenta y portavoz, Soraya Saénz de Santamaría, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, esta declinó pronunciarse. "Es Griñán quien tendrá que dar cuenta y no este Gobierno y, si no lo hace, decir cuáles son los motivos", zanjó.