La solvencia de Andalucía

En este mismo mes el Gobierno de la nación tuvo que acudir en auxilio de la Generalitat valenciana ante la incapacidad de ésta para hacer frente al pago de un crédito concedido por el Deutsche Bank por importe de 140 millones de euros. Con buen criterio, el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas argumentó que el Estado no iba a permitir que ninguna comunidad autónoma entrara en suspensión de pagos, porque las comunidades autónomas también son Estado y la suspensión de pagos de una de ella afectaría a la solvencia de este.

Estamos ante una situación de emergencia, con caídas en la producción y el empleo y, como consecuencia de ello, con reducción de los ingresos y aumentos de los gastos de todas las Administraciones públicas. No hay ningún nivel de gobierno, municipal, autonómico o estatal, que no se encuentre en una situación difícil, aunque no todos los municipios ni todas las comunidades autónomas se encuentren en la misma situación. El Gobierno de la nación lo sabe, porque los datos de todos los municipios y de todas las comunidades autónomas obran en su poder. Puesto que el Estado español tiene compromisos contraídos con el exterior y de manera muy especial con la Unión Europea, y tiene que responder de esos compromisos como un solo Estado, independientemente de la distribución territorial interna del poder, es obvio que tiene que vigilar las cuentas de los demás niveles de gobierno, porque el déficit del Estado es el déficit del conjunto de las Administraciones públicas.

Tiene sentido, en consecuencia, que el ministro de Hacienda y Administraciones Públicas se ocupe de la situación financiera de las comunidades autónomas y municipios y que garantice que a ninguna Administración pública se la va dejar que entre en suspensión de pagos. La semana pasada hizo llegar esa garantía a las comunidades autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y el pasado miércoles hizo lo propio con los municipios (El PAÍS, 26 de enero).

Lo que no tiene sentido es que, estando en estas, se haya lanzado desde el Gobierno de la nación un ataque a la comunidad autónoma de Andalucía, poniendo en cuestión la solvencia de dicha comunidad. Empezó la vicepresidenta en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Continuó Cristóbal Montoro con las referencias a que Andalucía tenía que poner su casa en orden. Y finalizó, por el momento, Javier Arenas en el debate que se celebró el miércoles en el Parlamento de Andalucía, en el que de manera reiterada intentó sembrar dudas acerca de la solvencia de Andalucía.

Hay elecciones el 25 de marzo, pero la cita electoral no solo no justifica un comportamiento de esta naturaleza, sino que, muy al contrario, debería descartarlo por completo. Andalucía está en una situación difícil, pero en términos relativos, es decir, en comparación con las demás comunidades autónomas, no está mal. Aquí no se han dejado de pagar nóminas, impuestos y gastos de Seguridad Social, como ha ocurrido en Cataluña, ni se ha dejado de pagar a las farmacias, a los colegios concertados o los centros de atención a discapacitados y otros muchos más, como está ocurriendo en la Comunidad Valenciana.

No hay ni un solo dato que justifique las palabras de la vicepresidenta, del ministro y del presidente del PP andaluz. La comunidad autónoma de Andalucía no es menos Estado que cualquier otra comunidad autónoma, aunque haya elecciones el 25 de marzo, y poner en duda su solvencia contribuye a poner en duda la solvencia del Estado. Lo menos que se puede exigir es que se tenga un mínimo respeto en las relaciones entre los distintos niveles de gobierno, porque al final nadie puede ir por libre. Y el Gobierno de la nación menos que nadie.